Hace un año, Donald Trump presumió de haber incorporado al Gobierno a un número récord de mujeres en Estados Unidos. Poco después se produjo una oleada de ceses, mayoritariamente de mujeres. El asunto volvió a la actualidad tras la destitución de la embajadora de EE. UU. en Grecia, Kimberly Guilfoyle (ex pareja de Donald Jr.), anunciada públicamente en una rueda de prensa en la Casa Blanca por presunto abuso de poder, sobre todo en asuntos financieros.
Sin embargo, la mayor pérdida de mujeres en el gabinete se produjo la pasada primavera, cuando entre marzo y mayo dimitieron o fueron relevadas cuatro altas cargos femeninas: Pam Bondi (ministra de Justicia), Lori Chávez DeRemer (ministra de Trabajo), Kristi Noem (ministra de Seguridad Interior) y Tulsi Gabbard (directora de Inteligencia Nacional). De los 22 ministros actuales, solo tres son mujeres y ocupan carteras con menor protagonismo: apoyo a las pequeñas empresas, Agricultura y Educación, esta última con competencias reducidas tras su transferencia a los estados.
Los casos son distintos entre sí. Pam Bondi fue criticada por la gestión del caso Epstein y, según la administración, por no mostrarse lo suficientemente dura al perseguir a adversarios políticos. Tulsi Gabbard presentó su dimisión oficialmente por motivos familiares vinculados a la salud de su marido, pero también fue señalada por su negativa a declarar ante el Congreso que Irán representaba una amenaza inminente, postura que entró en conflicto con la línea del Ejecutivo.
En el caso de Chávez DeRemer se abrió una investigación por la gestión de su ministerio, que fue calificada de “tóxica”, por presunto uso indebido de fondos públicos y por una relación con un miembro de su equipo. Otro caso destacado fue el de Kristi Noem.
Noem contó con el respaldo del presidente por su actitud dura frente a la inmigración, pero sus campañas y apariciones públicas generaron controversia. Fue criticada por protagonizar anuncios promocionales y por mostrarse en centros de detención; también se le reprochó apoyar medidas contundentes por parte de las autoridades migratorias y su actitud frente a activistas que protestaban contra la represión a inmigrantes.
Finalmente fue cesada. Entre las acusaciones figuraban el uso de 220 millones de dólares de fondos públicos en campañas que la promocionaban y la utilización con fines privados de aviones, embarcaciones y residencias de la Guardia Costera.
Aunque muchos ceses se justificaron públicamente, se ha reprochado al presidente un supuesto “doble rasero”, ya que hombres también polémicos han mantenido sus cargos. Entre los señalados se menciona, por ejemplo, al ministro de Comercio Howard Lutnick —vinculado públicamente con el entorno de Epstein— y al director del FBI Kash Patel, sobre quien han circulado acusaciones relacionadas con su conducta personal y el uso de recursos oficiales.
En la actualidad está en el punto de mira Katie Zacharia, la nueva portavoz de Trump. Durante años se presentó públicamente como abogada, pero se ha difundido que únicamente posee la licenciatura en Derecho y no ejerce como letrada. En California, presentarse como abogado sin la debida habilitación puede constituir un delito penal.
Por ahora, Trump la ha defendido. También ha habido especulación sobre la posible vulnerabilidad de Susie Wiles, la influyente jefa de gabinete de la Casa Blanca, a quien se atribuye gran control sobre el acceso al presidente. Sus críticos la acusan de beneficiarse de negocios familiares y de señalar al equipo como responsable de la pérdida de popularidad del mandatario. El presidente ha reafirmado públicamente su plena confianza en ella, aunque la situación se considera incierta.
