Hace un año, Donald Trump afirmó haber incluido en su Gobierno a un número histórico de mujeres. Poco después se produjo, sin embargo, una oleada de ceses en la que la mayoría de las afectadas fueron mujeres. La destitución más reciente fue la de la embajadora de EEUU en Grecia, Kimberly Guilfoyle —quien también fue pareja de Donald Jr.— anunciada públicamente en una rueda de prensa en la Casa Blanca y vinculada a acusaciones de abuso de poder, especialmente en el ámbito financiero.
Los cambios más relevantes tuvieron lugar la pasada primavera: entre marzo y mayo dimitieron o fueron relevadas cuatro mujeres con cargos de gran visibilidad: Pam Bondi (Fiscal General), Lori Chávez DeRemer (Trabajo), Kristi Noem (Seguridad Interior) y Tulsi Gabbard (Inteligencia Nacional). Hoy, de los 22 ministros, solo tres son mujeres y desempeñan responsabilidades de menor perfil: Pequeñas Empresas, Agricultura y Educación, este último con competencias transferidas en gran medida a las comunidades autónomas.
Los motivos de las salidas fueron diversos. A Pam Bondi se le reprochó una gestión polémica del caso Epstein y, según la Casa Blanca, una actuación insuficientemente dura contra adversarios políticos, lo que contribuyó a su alejamiento del Ejecutivo.
Tulsi Gabbard presentó su dimisión alegando motivos personales para cuidar a su marido enfermo, pero su discrepancia con la Administración respecto a la valoración de Irán y su negativa a afirmar que el país representaba una amenaza inminente dieron pie a tensiones públicas con el presidente.
Sobre Lori Chávez DeRemer pesaron investigaciones por una gestión descrita como «tóxica», por presunto uso indebido de fondos públicos y por su relación con un miembro de su equipo. En otro caso muy distinto, Kristi Noem había ganado favor por su postura contundente contra la inmigración.
Noem fue criticada por campañas publicitarias de alto coste en las que protagonizaba imágenes de vaquera y por mostrarse frente a centros de detención en algunos países. También fue señalada por apoyar actuaciones del servicio de inmigración (ICE) que a críticos les parecieron excesivas. Finalmente fue despedida y se la acusó, entre otras cosas, de gastar 220 millones de dólares de fondos públicos en una campaña centrada en su figura y de emplear para fines personales recursos estatales como aviones, embarcaciones y alojamientos de la Guardia Costera.
Aunque varios ceses pueden justificarse por irregularidades comprobadas, existen denuncias de un trato desigual: hombres con polémicas también significativas —desde el ministro de Comercio Howard Lutnick, vinculado a la isla asociada al caso Epstein, hasta el director del FBI, Kash Patel, señalado por acusaciones de abuso y uso indebido de vuelos oficiales— han permanecido en sus puestos.
En la actualidad está en el foco la nueva portavoz, Katie Zacharia, que durante años se presentó públicamente como abogada aunque su formación se limita a la licenciatura en Derecho. En California, donde reside, ejercer sin la correspondiente autorización puede constituir un delito penal.
El presidente la ha respaldado públicamente por ahora. Otra figura próxima a la Casa Blanca, Susie Wiles, jefa de gabinete y puerta de acceso al presidente, también ha sido objeto de críticas por los negocios de su hija en Serbia y por su papel en la gestión del equipo. Trump ha reiterado su confianza en ella, pero la estabilidad de cualquier cargo en esta Administración sigue siendo incierta.
