El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones contra Rusia, indicando ante el Congreso que la medida responde al interés nacional, según informó la Casa Blanca.
La medida afecta a una ley conocida con el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, cuyo objetivo es endurecer las sanciones contra la economía rusa y restringir los flujos financieros que sostendrían la guerra contra Ucrania.
Trump defendió la exención ante el Congreso al considerar que se ajusta al “interés nacional” de Estados Unidos.
El mandatario había promulgado esa legislación el 18 de septiembre, pero ahora ha suspendido temporalmente la aplicación de varias de sus disposiciones.
En concreto, la orden exime las sanciones dirigidas a personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso; las restricciones financieras y comerciales; y los aranceles previstos para productos rusos y para ciertos países compradores de hidrocarburos rusos.
La decisión no revoca las sanciones que Estados Unidos ya había impuesto a Rusia mediante órdenes ejecutivas anteriores.
Las exenciones establecidas por la nueva ley permanecerán vigentes hasta que Trump o el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro y el representante comercial de EE. UU., determinen adoptar nuevas medidas.
La orden también delega a varios departamentos del Gobierno la ejecución de las disposiciones de la ley que continúan en vigor.
La decisión se produce después de que Washington autorizara temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos, pese a las sanciones vigentes contra Moscú.
Trump anunció el 9 de octubre que había acordado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el suministro de diésel para los mercados internacionales con el fin de aliviar los precios de la energía y los combustibles.
El presidente aseguró que Rusia entregaría inicialmente más de 300.000 toneladas de combustible y que posteriormente suministraría cantidades adicionales, condicionadas en parte al estado de sus refinerías.
El acuerdo ha generado críticas entre legisladores de ambos partidos, que cuestionan sus posibles efectos sobre la presión económica contra Moscú y su compatibilidad con la legislación estadounidense.
Los detractores advierten que los ingresos por la venta de combustible ruso podrían contribuir a financiar la guerra contra Ucrania, mientras la Administración sostiene la necesidad de contener los costos energéticos.
