Un tribunal militar en el este de la República Democrática del Congo, en la provincia de Kivu del Norte, condenó a 66 soldados a la pena de muerte por cargos de revuelta, desobediencia y cobardía.
Las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) indicaron en un comunicado que el tribunal militar de la guarnición de Goma, actuando en primera instancia penal, dictó la pena contra los 66 miembros del 3415o Regimiento.
Además, un sargento recibió una condena de diez años de prisión con importantes atenuantes y cuatro militares fueron absueltos, entre ellos un capitán que era jefe de Inteligencia de la unidad mencionada.
La sentencia se pronunció el día 6 en la ciudad de Walikale, tras un proceso que duró doce días.
Según las FARDC, los acusados fueron detenidos el 20 de octubre en la aldea de Ngora y las supuestas infracciones se habrían cometido en el pueblo de Ntonto, en el territorio de Walikale.
Inicialmente el caso afectaba a 54 militares, pero posteriormente se sumaron otros efectivos vinculados a los mismos hechos.
El Gobierno de la RDC aprobó en marzo de 2024 la restitución de la pena de muerte, tras una moratoria que estaba vigente desde 2003.
Aunque desde 2003 la pena capital no se aplicaba efectivamente, en ocasiones los jueces la imponían y luego se conmutaba por cadena perpetua.
El fallo se conoció en un contexto de intensificación del conflicto en el este del país, que se agravó a finales de enero de 2025 cuando el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) tomó las ciudades de Goma y Bukavu.
El conflicto tomó otra dimensión el 13 de octubre con la creación del Frente para la Refundación de la Nación (FRN), encabezado por el expresidente Joseph Kabila (2001-2019) e integrado por el M23, que lleva años enfrentado al Gobierno de Kinshasa con apoyo de Ruanda.
En julio de 2024, un tribunal militar en el este del país condenó a muerte a 25 soldados por haber huido de combates con el M23 y por cargos que incluían el robo de munición y la desobediencia a órdenes superiores.
El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, sufre desde los años 90 un conflicto alimentado por grupos rebeldes y enfrentamientos con el Ejército, pese a la presencia de la misión de la ONU en el país (Monusco).
