La derrota republicana en las elecciones legislativas del 3 de noviembre dejó al descubierto y debilitado al presidente Donald Trump. Él convirtió la votación en un referéndum sobre su persona, su gestión y su visión política, y los electores dieron a sus rivales la mayor victoria desde los escándalos de Nixon y Watergate. La semana siguiente, marcada por contradicciones y cambios de postura, puso de manifiesto las dudas presidenciales y las tensiones internas en el conservadurismo, especialmente en materia migratoria.
La mañana del miércoles siguiente, con ya claro el control demócrata de ambas cámaras y la perspectiva de dos años de investigaciones y audiencias, Trump dedicó su primera aparición pública a hablar de la remodelación del salón de baile de la Casa Blanca. Más tarde, y pese a haber felicitado a la oposición por los resultados, volvió a plantear dudas sobre la limpieza del proceso: «¿De verdad alguien cree que estas ‘elecciones’ fueron honestas?», escribió en redes sociales, cuestionando los resultados y apuntando a fallos en las encuestas y a la importancia de las máquinas de votación.
Además, en medio de la confusión, Trump comentó durante el fin de semana que había ofrecido el puesto de portavoz de la Casa Blanca a su amigo Dana White, presidente de la UFC, lo que generó incertidumbre sobre si hablaba en serio. Se especuló incluso con la posibilidad de que el nombre de otra Dana White, ex portavoz del Pentágono, hubiera llevado a la confusión. La situación se tornó más extraña cuando el Dana White de la lucha libre acudió a la Casa Blanca, respondió con tono jocoso y rechazó públicamente la oferta.
Sin embargo, el asunto central en ese vaivén fue la inmigración. Existe consenso en que la guerra con Irán y su impacto en los precios del combustible amplificaron la derrota republicana, aunque no fueron la única causa. A ello se sumaron problemas como corrupción, persecución de opositores, un estilo de liderazgo autoritario y gasto público ostentoso en un contexto de dificultades económicas para mucha gente. La política migratoria —las deportaciones masivas, los escándalos vinculados al ICE y las más de 60 muertes en custodia desde el regreso de Trump— también revirtió el voto hispano y permitió a los demócratas recuperar territorios donde no colocaban a un senador desde hace décadas.
“Demasiado agresiva”
Pocas horas después de las elecciones, Trump pareció admitir parte del costo político. En una entrevista en 60 Minutes, reconoció que su estrategia de deportaciones había sido «demasiado agresiva» y que ello había perjudicado electoralmente a su partido. Matizó que los delincuentes graves deben ser expulsados, pero abrió la puerta a alguna regularización para personas que llevan años trabajando y pagando impuestos, citando ejemplos de trabajadores con empleos estables.
El presidente incluso manifestó interés en negociar con los demócratas para avanzar en inmigración, lo que colocó la idea de una posible «amnistía» en el centro del debate por la magnitud potencial de la medida. Era un giro drástico respecto a la política de deportaciones masivas defendida durante la última década y aplicada desde su retorno a la Casa Blanca, y provocó inquietud entre sus seguidores.
No obstante, ese aparente cambio duró poco. Al día siguiente Trump descartó de forma tajante cualquier regularización masiva: «No habrá amnistía», dijo ante la prensa, insistiendo en que su política migratoria permanecía firme y que las expulsiones continuarían.
La rectificación siguió al malestar dentro de su propia base, que percibió la apertura negociadora como una traición a promesas clave del movimiento MAGA. Figuras del partido, comentaristas conservadores y algunos dirigentes —incluso el vicepresidente JD Vance— criticaron la idea de una amnistía, considerándola una concesión intolerable.
Voces prominentes del conservadurismo advirtieron sobre las consecuencias electorales de una amnistía. Por ejemplo, el locutor Anthony Cumia afirmó que una medida así llevaría a que Texas dejara de votar por los republicanos de forma permanente, citando precedentes como la evolución política de California; y la influencer conservadora Kelly McCarthy sostuvo que cualquier acuerdo de ese tipo destruiría al Partido Republicano, defendiendo la deportación masiva sin excepciones.
Que Trump no esté dispuesto a un vuelco total parece claro: nombró a Stephen Miller —el asesor más duro en materia migratoria y arquitecto de sus políticas— como jefe de gabinete, una señal de continuidad de la línea dura y de ausencia de autocrítica. Preguntado sobre posibles cambios, Trump negó haber tratado el tema con Miller y afirmó que su política no había cambiado, subrayando que el objetivo será expulsar a «los peores criminales».
Horas antes, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, comentó que había recibido llamadas de demócratas dispuestos a explorar enfoques diferentes, pero se mostró contrario a cualquier acuerdo que incluyera amnistía. Mullin relató que el presidente le dijo: «Empecemos a trabajar con ellos y encontrémonos en algún punto intermedio», y añadió que cualquier reforma que implicara analizar el DACA o vías hacia la residencia permanente dependería del Congreso, recordando que Trump ha insinuado esa posibilidad en ocasiones desde 2018.
Cosmovisión
Trump parece buscar un mensaje dirigido tanto a demócratas como a votantes hispanos, con la vista puesta en 2028, pero sin renunciar al núcleo de su cosmovisión. Según una encuesta de AP a 100.000 votantes, alrededor de seis de cada diez consideran que las medidas del gobierno en control migratorio fueron excesivas, y un porcentaje similar desaprueba la actuación del ICE. Una encuesta de Reuters/Ipsos del 6 al 9 de noviembre indicó que el 48% de los estadounidenses quiere que el nuevo Congreso dedique considerable atención a la reforma migratoria en sus primeros cien días, lo que sugiere que es probable que se aborde el tema.
La congresista María Elvira Salazar, republicana de Florida y defensora habitual de otorgar estatus legal a inmigrantes indocumentados, saludó las declaraciones iniciales de Trump como una posible vía. Salazar apoya la llamada Ley de Dignidad, que otorgaría estatus legal a quienes hayan residido de forma continua en Estados Unidos desde 2020, siempre que no tengan condenas por otros delitos y acepten pagar una compensación y los impuestos atrasados.
