Los días 8 y 9 de enero, Taraneh Rahimi y su hermana gemela Romina participaron en manifestaciones en la ciudad iraní de Isfahán. Ocho meses después, Taraneh está en el corredor de la muerte.
Esas protestas nocturnas fueron el punto culminante de un movimiento nacional desencadenado a fines de diciembre por el aumento del coste de la vida. Las fuerzas de seguridad reprimieron las manifestaciones con dureza, lo que, según organizaciones de derechos humanos y expertos de la ONU, dio lugar a decenas de miles de detenciones.
Una semana después de las protestas, las dos hermanas, entonces de 20 años, fueron detenidas en una redada policial en su domicilio, según denunció su familia que vive en el extranjero.
En julio, comparecieron junto con otras 14 personas ante un tribunal instalado en una prisión de Isfahán. Las autoridades les imputan, según Human Rights Activists (HRANA), la implicación en la muerte de un miembro de los Guardianes de la Revolución y en el fallecimiento de una persona sin hogar ocurrido en el contexto de las manifestaciones.
Según HRANA, Taraneh fue condenada a muerte un mes después por el cargo de “guerra contra Dios”, mientras que su hermana recibió una pena de 36 años de prisión.
Un médico observó que Taraneh presentaba dolores en una rodilla, sobre la que había sido operada antes de su detención, y recomendó su hospitalización fuera de la prisión, pero las autoridades denegaron el traslado, relató a la AFP su primo Masud Nourmohamadi, desde Estados Unidos. El familiar dijo que le comunicaron que, independientemente de cómo falleciera, igualmente sería ahorcada.
“Ninguna prueba”
Taraneh, que cumplió 21 años en prisión, padece, según su familia, torturas físicas y presión psicológica continuas.
El familiar relató que los detenidos eran sometidos a torturas de forma consecutiva y que los interrogadores se aseguraban de que Taraneh oyera los gritos de Romina. Según esa versión, le habrían dicho que debía firmar confesiones o de lo contrario su hermana sería violada delante de ella; ante esa coerción, firmó.
El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) también ha mostrado preocupación por su estado de salud y ha indicado que a Taraneh le cuesta caminar.
Su condena aún puede apelarse. No obstante, Irán ya ha ejecutado a 29 personas —todos hombres— en relación con las manifestaciones, tras juicios que diversas ONG, entre ellas Amnistía Internacional, han calificado de injustos.
Nourmohamadi ha criticado la falta de pruebas contra las hermanas y señaló que los abogados no tuvieron acceso al expediente hasta el primer día del juicio. Activistas acusan a las autoridades iraníes de utilizar ejecuciones para infundir miedo en la población, en un contexto de tensiones internacionales.
Por su parte, las autoridades iraníes afirman que actúan contra quienes, según ellas, instigaron las manifestaciones, que califican de “disturbios fomentados desde el extranjero”.
Taraneh trabajaba en una tienda de zapatos y mostraba en su cuenta de Instagram su afición por los caballos; según su primo, quería ser jinete y es descrita por él como una de las personas más amables que conoce.
HRANA señala que actualmente ocho mujeres en Irán se enfrentan a la pena capital por cargos relacionados con la seguridad o las protestas. La ONG Iran Human Rights ha documentado 100 sentencias de muerte vinculadas a las manifestaciones, 31 de ellas en la provincia de Isfahán.
Bahar Saba, investigadora sobre Irán en Human Rights Watch, denunció que las autoridades envían a manifestantes, incluidos adolescentes, a la horca basándose en confesiones obtenidas bajo tortura y tras procesos que, según ella, son manifiestamente injustos y demasiado rápidos para determinar la culpabilidad.
Para Masud Nourmohamadi, las personas afectadas son “jóvenes iraníes valientes” y representan lo mejor del país. A su juicio, las autoridades buscan infundir miedo y demostrar que, por valiente que se sea, acabarán siendo detenidos.
