Un tribunal penal sirio condenó este martes a muerte a Wassim al Asad, primo del depuesto presidente Bachar al Asad, tras declararlo culpable de “crímenes de guerra y contra la humanidad”.
La sentencia se dictó en el Cuarto Tribunal Penal de Damasco, el mismo órgano que la semana pasada impuso la pena capital en rebeldía a Bachar —exiliado en Rusia— y a su hermano Maher al Asad.
En una audiencia televisada, el juez Fakhr al Din al Uryan leyó el veredicto en el que se responsabiliza a Wassim de “planificar y participar en las matanzas ocurridas en Guta Oriental” y en el suburbio de Mleha, en las afueras de Damasco.
El juez declaró que Wassim al Asad era culpable de delitos como chantaje, amenazas y disparos contra civiles desde 2011 —inicio de las revueltas que derivaron en la guerra—, además de asesinato premeditado de varias personas y tortura, calificados como crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra conforme a la ley.
Además de la pena de muerte, el tribunal ordenó la confiscación de sus bienes y dispuso notificar al comité de desaparecidos y a la fiscalía para que se abran expedientes relativos a personas desaparecidas.
Wassim, señalado también como pieza clave en una red regional de narcotráfico que supuestamente financiaba al régimen sirio mediante la producción y venta del estimulante ilegal captagón, fue capturado en junio de 2025 en una emboscada cerca de la frontera entre Líbano y Siria, tras el colapso del gobierno de Al Asad.
Respecto a las acusaciones de narcotráfico, el juez indicó que no se hallaron pruebas suficientes para establecer su responsabilidad en esos delitos.
A diferencia de Bachar y Maher, Wassim compareció en persona durante todo el proceso, iniciado el 24 de junio, en el que se le imputaron asesinato premeditado, narcotráfico y delitos contra la seguridad nacional; su defensa solicitó clemencia, argumentando que no merecía la pena capital.
Siria aún no ha aprobado una ley de justicia transicional, por lo que estos juicios se rigen por el Código Penal de 1949, una situación que, según expertos legales y organizaciones de derechos humanos, deja incierto el marco jurídico que sustenta las sentencias.
