El petróleo ha sido el eje del plan estadounidense para Venezuela: Estados Unidos busca asegurar el acceso al crudo y Caracas necesita inversiones para recuperar una industria muy deteriorada. El acuerdo anunciado responde a esa lógica, pero deja interrogantes sin resolver: ¿favorecerá realmente la reconstrucción del país? ¿Bajo qué condiciones y quién las fijará? ¿Es una maniobra con fines electorales en Estados Unidos? ¿Cómo afectará al proceso negociador iniciado en agosto?
Donald Trump mencionó 65.000 millones de barriles «para Estados Unidos», cifra que corresponde a las reservas probadas de 17 campos que estarían gestionados por una estructura vinculada al empresario Alejandro Betancourt y su compañía North American Blue Energy Partners. Según informaciones del Wall Street Journal, Estados Unidos tendría un 35% pasivo en la empresa y un derecho preferente para comprar el 20% de su producción a precio de coste.
Esa fórmula, poco habitual, responde a la renuencia de las empresas a invertir en Venezuela al ritmo esperado por la administración Trump: el deterioro de instalaciones, riesgos políticos y legales y las expropiaciones pasadas disuaden a los inversores. Por ello, Washington ha llegado a incorporar al propio Gobierno venezolano en la operación, lo que ha generado confusión entre ejecutivos petroleros y funcionarios estadounidenses.
Caracas afirma que el acuerdo permitirá más de 100.000 millones de dólares de inversión, pero hasta ahora no se han detallado su origen ni su gestión. En Venezuela la discusión no es tanto si debe entrar capital extranjero, sino que existan reglas claras, seguridad jurídica y transparencia, y que la inversión no dependa de relaciones privilegiadas con el Gobierno de turno. Lo relevante es quién tendrá acceso a las reservas y en qué condiciones, cuestión que está ligada a la situación política del país.
LA TRANSICIÓN
El acuerdo fue firmado por Delcy Rodríguez en representación de Venezuela; ella no cuenta con legitimidad democrática. Un eventual gobierno democrático podría mantener el pacto si considera sus condiciones razonables, pero también podría revisarlo. La Constitución establece que las reservas hidrocarburíferas pertenecen a la República, y críticos sostienen que una autoridad interina no debería comprometer esos recursos a largo plazo, según el Wall Street Journal.
Además, según el Wall Street Journal, la estructura empresarial se diseñó para dificultar que un futuro gobierno venezolano deshaga el acuerdo. Eso reduce el margen de maniobra de una transición democrática. Aunque el pacto no implica que Washington renuncie a impulsar elecciones, sí plantea dudas sobre la capacidad de un nuevo presidente para modificarlo.
Schreiner Parker, de Rystad Energy, resumió la cuestión central: «Si este acuerdo puede sobrevivir a los siguientes gobiernos venezolanos», Estados Unidos habrá asegurado reservas estratégicas. Ese condicionante es clave tanto para el electorado estadounidense como para la evolución política venezolana.
La consultora Carmen Beatriz Fernández advierte del riesgo de que Estados Unidos estabilice y haga rentable la economía venezolana sin avances democráticos. La estabilidad autoritaria es posible, pero costosa: cualquier régimen necesita algún grado de legitimidad, y la democrática es la menos onerosa; sostener el poder por la fuerza implica altos costes económicos y reputacionales para Estados Unidos.
Si la producción aumenta, llegan inversiones y el Estado recibe ingresos suficientes, el pacto podría presentarse como el inicio de la reconstrucción petrolera. Pero si los contratos resultan difíciles de revisar, la distribución de beneficios genera desconfianza o un futuro gobierno considera que se comprometieron recursos sin legitimidad, el conflicto sería más profundo que una disputa por petróleo.
También porque Washington tendría un interés tangible que proteger. El petróleo fue el motor del plan estadounidense para Venezuela; la pregunta es si ese plan acompaña una transición hacia la democracia o prioriza primero la consolidación de una arquitectura energética tutelada, dejando la democracia para después.
