Ocurrió en 2008 e incluyó 200.000 hectáreas con casas, una escuela, fuentes de agua y familias adentro. Fue el antecedente clave para sancionar la Ley de Tierras que hoy busca modificar el Gobierno de Javier Milei.
En 2008, la provincia de La Rioja fue escenario de un hecho inédito que encendió las alarmas sobre la soberanía territorial en Argentina: la compraventa de un pueblo entero a un empresario extranjero.
La operación inmobiliaria alcanzó las 200.000 hectáreas en la zona de Valle Hermoso y fue concretada por el empresario y rabino estadounidense Yosef Jaime Libersohn por un monto de 650.000 dólares. Sin embargo, el traspaso no solo incluyó tierras productivas, sino también viviendas, una escuela, una iglesia, importantes reservas de agua dulce y las decenas de familias que habitaban la zona.
El caso cobró repercusión nacional tras una investigación periodística que derivó, dos años más tarde, en la intervención del Ministerio del Interior por presuntas irregularidades en la documentación del proceso de compra.
El antecedente que dio origen a la Ley 26.737
El escándalo de Valle Hermoso fue una de las principales razones que impulsó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a redactar la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), sancionada finalmente en 2011.
Esta normativa se creó con el objetivo de resguardar los recursos naturales estratégicos y poner un freno a la extranjerización del suelo argentino. Entre sus puntos centrales, establece:
Tope a la titularidad extranjera: Se prohíbe que más del 15% de las tierras rurales del país pertenezcan a titulares extranjeros.
Límite por nacionalidad: Ninguna nacionalidad puede superar el 30% de ese tope del 15%.
Restricción de superficie: Se fijan límites máximos de hectáreas por cada comprador individual.
Protección del agua: Queda expresamente prohibida la venta de campos que contengan o limiten con grandes reservas de agua dulce.
La propuesta de Milei: desregulación e inversiones en debate
En la actualidad, la discusión vuelve a estar en el centro de la escena política. El Gobierno de Javier Milei promueve el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con el que busca derogar o flexibilizar las restricciones vigentes a la compra de campos por parte de capitales extranjeros.
A favor del proyecto: Los sectores que respaldan la medida argumentan que la eliminación de trabas fomentará la atracción de inversiones internacionales y dinamizará el mercado inmobiliario rural.
En contra de la iniciativa: Sus detractores advierten sobre los riesgos para la soberanía y recuerdan episodios como el de La Rioja, alertando que sin un marco regulatorio podrían repetirse ventas de comunidades habitadas y recursos hídricos clave para el país.
Zona Norte
Economía
Deportes
