La bancada de La Libertad Avanza logró un acuerdo con sectores de la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales para convocar a una sesión del Senado este jueves. El temario prevé, entre otros puntos, la reforma de la ley de biocombustibles y el traspaso de ciertas competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires; además, se buscará avanzar con dictámenes vinculados al Banco Central y a Inocencia Fiscal II.
El Gobierno nacional logró un entendimiento con los llamados bloques dialoguistas que permite encaminar la sesión en la que se intentará convertir en ley dos iniciativas centrales para la gestión de Javier Milei: la modificación del régimen de biocombustibles y la transferencia de competencias penales desde la Justicia Nacional hacia la justicia porteña.
El acuerdo se cerró en una reunión encabezada por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, junto a representantes de espacios que suelen acompañar al oficialismo en proyectos considerados prioritarios.
El pacto también incluye avanzar este miércoles con los dictámenes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II, con la intención de llevar esos proyectos al recinto el 17 de septiembre.
Una sesión con dos proyectos centrales
El temario definitivo se confirmará en la reunión de Labor Parlamentaria prevista a las 14; no obstante, el acuerdo anticipa que los principales puntos serán la reforma del régimen de biocombustibles y el traspaso de determinadas competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.
Para el Gobierno, aprobar estas iniciativas antes de que ingrese al Congreso el Presupuesto 2027 es una prioridad: el proyecto de ley del presupuesto será remitido la próxima semana a la Cámara de Diputados y la administración busca cerrar parte de su agenda económica y regulatoria con anterioridad.
La estrategia oficial consiste en avanzar primero con los proyectos que ya cuentan con consensos suficientes, mientras se negocian en paralelo las iniciativas que todavía requieren acuerdos con los distintos bloques provinciales.
Qué cambia con la reforma de biocombustibles
El proyecto que se llevará al recinto establece nuevos porcentajes obligatorios de mezcla de biocombustibles en los combustibles fósiles.
El dictamen mayoritario propone elevar el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% y aumentar el corte de biodiésel del 7,5% al 10%.
La modificación resulta especialmente relevante para las provincias productoras vinculadas a las cadenas del alcohol, el maíz, la caña de azúcar y el biodiésel, que verían impacto directo en la demanda y la actividad industrial.
Además, el proyecto incorpora límites a los cupos asignados a las empresas con el argumento de evitar posiciones dominantes y prácticas monopólicas en el mercado.
Aun así, el texto enfrenta resistencias en sectores del sector productivo y puede sufrir pedidos de cambios puntuales durante la negociación parlamentaria.
La tensión con las pymes del biodiésel
Un eje de conflicto es la participación prevista para las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel.
Las pymes reclaman mantener una cuota del 7,5% del mercado, mientras que el dictamen propone una reducción gradual de esa participación hasta su eliminación en 2036.
Ese punto genera objeciones entre senadores de provincias como La Pampa, Buenos Aires, Catamarca y Córdoba, que exigen modificaciones para proteger la producción local.
El oficialismo, por ahora, pretende sostener el texto acordado, aunque no descarta aceptar ajustes puntuales para asegurarse los votos necesarios en la sesión.
La disputa pone de manifiesto una dificultad estructural para La Libertad Avanza: aprobar ciertos proyectos requiere combinar el respaldo de aliados nacionales con las demandas concretas de los gobiernos provinciales.
El traspaso de competencias judiciales a CABA
El segundo proyecto central previsto para la sesión propone transferir de manera progresiva a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires algunas competencias penales actualmente radicadas en la Justicia Nacional.
Entre las causas que se prevé podrían quedar bajo jurisdicción porteña figuran delitos vinculados con la integridad sexual, calumnias e injurias y hechos cometidos por menores de entre 14 y 18 años, siempre que no se trate de delitos de competencia federal.
El traspaso responde a negociaciones que Nación y Ciudad vienen manteniendo desde hace meses y que incluyen convenios firmados entre ambas jurisdicciones.
Los acuerdos respectivos fueron firmados el 3 de julio por los ministros de Justicia de la Nación y de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia.
La transferencia será gradual y requerirá, además, la ratificación por parte de la Legislatura porteña para completarse.
Una señal política para Jorge Macri
Más allá del contenido judicial, el traspaso tiene una lectura política clara: constituye un gesto favorable del Gobierno nacional hacia la administración de Jorge Macri.
La movida busca profundizar acuerdos con sectores del PRO y otros espacios que resultan relevantes para construir mayorías en el Congreso.
También forma parte de un debate más amplio sobre la autonomía de la Ciudad y la organización del sistema judicial porteño, con el objetivo de que causas hoy en tribunales nacionales sean atendidas por la estructura judicial de CABA.
Banco Central e Inocencia Fiscal, el próximo objetivo
El acuerdo parlamentario va más allá de la sesión de este jueves: incluye avanzar con dictámenes que permitan llevar al recinto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II.
La intención es que ambos proyectos lleguen al recinto el 17 de septiembre, como parte del paquete económico que el Gobierno quiere tener en marcha antes del debate formal del Presupuesto 2027.
La reforma del Banco Central busca, según el Ejecutivo, reforzar el equilibrio fiscal y establecer la preservación del valor de la moneda como uno de los objetivos centrales del organismo.
Inocencia Fiscal II propone facilitar el ingreso al circuito formal de fondos que hoy permanecen fuera del sistema financiero, con el propósito de ampliar la base de recursos declarados y regulados.
Ambas iniciativas integran la hoja de ruta económica que la Casa Rosada pretende avanzar antes de que comience la discusión del presupuesto.
El oficialismo busca asegurar el escenario legislativo
El acuerdo alcanzado por Patricia Bullrich con los bloques dialoguistas reunió a senadores de la UCR, el PRO, Independencia, Primero Los Salteños, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut y Provincias Unidas.
Además de Bullrich, participaron dirigentes como Eduardo “Peteco” Vischi, Martín Goerling Lara, Beatriz Ávila, Flavia Royón, Sonia Rojas Decut, Edith Terenzi y Carlos “Camau” Espínola.
La imagen política refleja la configuración que el Gobierno necesita para sostener su agenda en el Senado: una bancada oficialista que debe negociar proyecto por proyecto con bloques provinciales que exigen respuestas a demandas sectoriales.
Con el Presupuesto 2027 a punto de ingresar al Congreso, la Casa Rosada procura reducir el tiempo dedicado exclusivamente a negociaciones y llegar a ese debate con parte de su agenda económica ya aprobada.
La sesión del jueves será, en ese sentido, una prueba de la capacidad del oficialismo para construir mayorías en un Senado donde buena parte de los votos dependen de acuerdos con los bloques dialoguistas y los representantes provinciales.
