El Ministerio de Economía abrió las ofertas económicas de la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0003-LPU26, destinada a seleccionar al operador estratégico de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
ROWING SA (Consorcio Rowing, Arcos, Transclor y PHX, del empresario Mauricio Filiberti) presentó una oferta de USD 340.200.000; ROGGIO ROAS SA (Consorcio Roggio Roas SAU y otros) ofreció USD 285.000.000.
La apertura de ofertas constituye un paso más en el proceso de privatización de AySA, que prevé transferir al sector privado el 90% de las acciones, mientras que el 10% restante permanecerá en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
AySA enfrentó problemas administrativos y financieros: entre 2006 y 2023 la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de USD 13.400 millones. A pesar de ello, un tercio del área concesionada sigue sin acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron un 80%.
El gobierno nacional del presidente Javier Milei ha señalado su compromiso de cuidar los recursos de los contribuyentes y mejorar los servicios que reciben los argentinos.
Uno de los elementos centrales del nuevo esquema es el compromiso obligatorio de inversión.
El nuevo contrato de concesión establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, que deberá ejecutar el concesionario.
El programa contempla aproximadamente $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones destinados a la operación, con el objetivo de ampliar la cobertura, renovar infraestructura, mejorar la eficiencia y mantener la calidad del servicio.
Las obligaciones de inversión están vinculadas a metas concretas de expansión: para 2031 se proyecta alcanzar una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas, mientras que al finalizar el período inicial de la concesión deberán lograrse como mínimo niveles del 90% y 75%, respectivamente.
La privatización de AySA se suma a otros procesos de transformación de empresas estatales que el Gobierno nacional viene impulsando.
El proceso se realiza mediante un procedimiento público, nacional e internacional, con exigencias técnicas y financieras y con principios de concurrencia, competencia, publicidad y transparencia.
