El Gobierno nacional reglamentó la Ley N.o 27.801, que crea el Régimen Penal Juvenil, y definió la estructura institucional responsable de su implementación en la Justicia nacional y federal. La norma introduce cambios en la edad de imputabilidad y en el régimen de sanciones para personas adolescentes.
La reforma permite la judicialización de personas adolescentes desde los 14 años hasta que cumplan 18, aplicando un procedimiento y un esquema de medidas diferenciados del régimen penal para adultos. El propósito declarado es promover la asunción de responsabilidad por los hechos, así como la educación, la resocialización y la integración social.
Por decreto, el Ministerio de Justicia fue designado autoridad de aplicación y será el encargado de implementar y coordinar el régimen a nivel nacional y federal. Entre sus funciones está dictar normas complementarias y articular con otros organismos para poner en marcha las herramientas previstas por la ley.
El decreto no fijó el umbral de 14 años; ese límite fue establecido por el Congreso al sancionar la ley. La edad que se considera es la que tenía el adolescente al momento de la comisión del hecho.
La reglamentación crea la figura del supervisor especializado, responsable del seguimiento, la asistencia y el control del adolescente imputado. Quienes desempeñen ese rol deberán contar con formación académica en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social.
Para organizar ese cuerpo, el Ministerio de Justicia constituirá el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. La norma establece un período transitorio durante el cual, hasta realizar la primera convocatoria pública, el Ministerio elaborará un listado provisorio de profesionales.
Esa etapa transitoria deberá completarse en un plazo máximo de 180 días desde la entrada en vigencia del régimen. Mientras tanto, los jueces podrán designar supervisores entre los profesionales incluidos en el listado provisorio; cuando se forme el registro definitivo, quienes hayan cumplido los requisitos y sido incorporados mantendrán las funciones en las causas donde ya intervenían.
La reglamentación crea además el Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, un órgano permanente dentro del Ministerio de Justicia destinado a coordinar las acciones de distintas carteras en temas que requieran intervención conjunta y a elaborar lineamientos comunes en prevención, abordaje y reinserción.
El Comité estará integrado por representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud, con titulares y suplentes con jerarquía no inferior a Director Nacional o equivalente. Podrá convocar a organismos especializados según las cuestiones a tratar.
Se constituye también una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil como espacio de articulación permanente entre el Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus funciones incluyen promover la armonización de criterios técnicos y procesales, intercambiar experiencias y buenas prácticas, y facilitar convenios de colaboración.
La Mesa Federal será coordinada por un representante de la autoridad de aplicación y contará con representantes de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires que participen. Asimismo, la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría General podrán designar representantes.
La reglamentación prevé capacitación especializada para jueces, fiscales, defensores y otros operadores judiciales, y la articulación con los sistemas de salud, educación, seguridad y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. También establece mecanismos de comunicación con el Registro Nacional de Reincidencia, respetando la reserva del proceso prevista por la ley.
El decreto entrará en vigencia junto con la Ley N.o 27.801 y faculta al Ministerio de Justicia a emitir las normas complementarias y aclaratorias necesarias para completar la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
Fuente: Agencia DIB
