El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes, por el momento, la petición del Gobierno de Donald Trump para aplicar nuevas restricciones al voto por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, de modo que los estados podrán mantener sus procedimientos actuales para enviar y recibir las papeletas.
Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas expresaron su desacuerdo con la decisión. El juez Brett Kavanaugh coincidió en que las nuevas reglas no deben aplicarse en las elecciones de 2026, aunque dejó abierta la posibilidad de que la normativa pueda recibir respaldo legal en el futuro.
Kavanaugh consideró que las autoridades electorales y los estados no disponen de tiempo suficiente para implementar los cambios antes de los próximos comicios.
La política, impulsada por Trump mediante una orden ejecutiva y desarrollada posteriormente por el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), proponía establecer requisitos uniformes para los sobres de las papeletas federales —incluyendo elementos de identificación y códigos de barras individualizados— y obligar a los estados a proporcionar al USPS información básica sobre los votantes.
La Administración defendió las medidas como una manera de reforzar la seguridad y la integridad del voto por correo, mientras que sus detractores sostuvieron que el USPS se excedía en sus competencias y que los nuevos requisitos podrían dificultar el voto de ciudadanos cuyas papeletas no cumplieran las condiciones.
Un juez federal en Boston había bloqueado previamente la norma y, este fin de semana, otro juez federal en Washington dictó una medida similar.
La decisión del Supremo mantiene por ahora esos obstáculos judiciales mientras continúa el litigio sobre la legalidad de la normativa. La disputa se produce cuando varios estados ya han comenzado a distribuir papeletas por correo para las elecciones del 3 de noviembre.
El voto por correo es una parte importante del sistema electoral estadounidense, aunque las reglas para solicitar, enviar y contabilizar las papeletas varían entre estados. Esa diversidad de procedimientos fue uno de los principales puntos de conflicto en la iniciativa del Gobierno para modificar las normas del voto por correo.
