Es difícil entender que el Ministerio de Asuntos Exteriores priorice la aplicación de la llamada ley de nietos mientras parece descuidar a los españoles ya nacionalizados y residentes en el extranjero. En el contexto de los ataques en Oriente Próximo, la Embajada de España en Riad no está atendiendo de manera suficiente a una comunidad numerosa de compatriotas —trabajadores y sus familias— vinculados a empresas que desarrollan importantes proyectos de ingeniería y construcción de interés estratégico para España. Arabia Saudí sufre una ofensiva de los hutíes de Yemen, apoyados por Irán; desde principios de octubre los ataques contra la capital se han intensificado y, solo en octubre, el aeropuerto de Riad sufrió más de veinte ataques, el más grave el 10 de octubre de 2026, que causó 13 fallecidos y 309 heridos.
La situación llevó al Departamento de Estado de EEUU a ordenar la salida del personal diplomático no esencial y de sus familias. Sin embargo, el Ministerio español ha dejado en incertidumbre a una comunidad compuesta por más de 100 empresas y cerca de 4.000 ciudadanos —ingenieros, geólogos, abogados, expertos en seguridad y defensa, consultores, directivos y sus allegados— que representan la vanguardia tecnológica y de ingeniería de España.
Por la noche se oyen y ven explosiones cada vez más cercanas y los avisos en móviles interrumpen el descanso de los residentes. Aunque la Embajada pueda contar con planes de contingencia, es imprescindible que estos se comuniquen de forma clara a los ciudadanos registrados en el consulado; hasta ahora solo han recibido notas informativas generales en redes sociales. Los residentes no deberían tener que solicitar constantemente información a su propia representación diplomática.
Se detecta una contradicción recurrente: el cuerpo diplomático cuenta con profesionales de calidad, pero la dirección política no parece coordinar la respuesta al mismo nivel. Mientras los consulados han recibido instrucciones para agilizar los expedientes de nacionalidad de la ley de nietos, quienes ya son españoles y residen en Oriente Próximo también necesitan apoyo y protección consular. En la comunidad prevalece una sensación de abandono: colegios cerrados, restricciones en el aeropuerto y comunicación esporádica desde la Embajada generan inquietud.
El ministro Albares manifestó en mayo la solidaridad del Gobierno español con Arabia Saudí y defendió la vía diplomática. Esa solidaridad debería traducirse en gestos prácticos y en apoyo institucional. En una región donde la confianza y el respaldo institucional influyen en la adjudicación de grandes proyectos, acompañar a un socio estratégico bajo ataque es también defender intereses económicos y de seguridad de España.
Es urgente que el ministro establezca canales eficaces de información, prevención y cooperación por parte de Embajadas y servicios consulares en la región. España participa en operaciones militares en el exterior según nuestra legislación, pero los conflictos actuales obligan a actualizar procedimientos porque son civiles, profesionales y sus familias quienes quedan en primera línea, expuestos a misiles y drones.
En plena crisis interna en Francia, Macron visitó Riad el 21 de octubre; Reino Unido, Francia, Italia y Grecia contribuyen militarmente a la defensa saudí. España, que busca oportunidades empresariales —incluida una misión comercial del ICEX en 2027—, debería tomar nota. Si las autoridades visitan y apoyan a nuestras tropas en el exterior, también convendría mostrar la misma atención a los civiles y sus familias en zonas de conflicto mediante visitas y presencia institucional directa.
La participación de empresas españolas en proyectos de ingeniería y construcción de referencia mundial —como el AVE que conecta Medina con La Meca y las líneas del metro de Riad— es motivo de orgullo. Apoyar a los ciudadanos españoles en situaciones de riesgo, como hacen otros países, debe ser una prioridad de la política exterior: por el bienestar de nuestros compatriotas y porque los países anfitriones valoran y recuerdan el respaldo de un socio fiable.
Ana Botella Gómez, exsecretaria de Estado de Seguridad
