La plaza de la República en París volvió a llenarse por sexto sábado consecutivo de manifestantes con pancartas contra el coste de la vida y los recortes en los servicios públicos. Un helicóptero de la policía vigilaba el recorrido. Chalecos amarillos, organizaciones estudiantiles y sindicatos se movilizaron de nuevo “contra el coste de la vida”, esta vez con el apoyo de la asociación Derecho a la Vivienda (DAL) y de la plataforma Vivienda para Todos y Todas.
Hasta entonces, las protestas se habían centrado en defender los servicios públicos —como la educación y la sanidad— y en reclamar mejoras salariales y políticas que recuperaran el poder adquisitivo ante la inflación y una economía estancada. Ahora las reivindicaciones incluyen también la crisis de la vivienda: los elevados precios del alojamiento y las dificultades para acceder a la compra han motivado la incorporación de asociaciones a las movilizaciones. La acción no es exclusivamente francesa: la DAL participa en un llamamiento europeo para movilizarse entre el 20 y el 23 de noviembre junto a colectivos de Francia, España, Italia, Grecia, Portugal, Bélgica y Reino Unido, países que también enfrentan problemas de acceso a una vivienda digna.
Entre las demandas principales de la DAL figuran la bajada de los alquileres, el fin de la especulación inmobiliaria y la requisición de viviendas vacías para destinarlas a quien las necesite. Esta semana varias organizaciones sociales y estudiantiles publicaron además un manifiesto contra las políticas de austeridad, el debilitamiento de los servicios públicos y el avance de la extrema derecha. La plataforma se opone también a un proyecto de ley promovido por el ministro de Vivienda, Vincent Jeanbrun, que permitiría que 700.000 viviendas vacías con clasificación energética F o G —es decir, mal aisladas— entren en el mercado. La plataforma sostiene que muchas de las familias que ocuparan esos alojamientos no podrían costear calefacción o aire acondicionado y reclama que los propietarios inviertan en la rehabilitación antes de ponerlas en alquiler.
La consigna de la convocatoria es unir las luchas sociales más allá de las fronteras nacionales. “Desde finales de septiembre, hemos logrado una movilización que ya se está haciendo sentir a nivel europeo. Es muy importante, es fuerte, estamos orgullosos de ello y esta movilización europea nos alimenta y nos da fuerza”, declaró la secretaria general de la CGT en Francia, Sophie Binet, según AFP.
Ocho años de ‘chalecos amarillos’
La manifestación coincidió además con el octavo aniversario del nacimiento de los chalecos amarillos, movimiento surgido en 2018. El colectivo había solicitado a la prefectura un recorrido alternativo en la capital, petición que fue denegada y finalmente se siguió el itinerario aprobado por la policía y propuesto por los sindicatos. Aun así, algunos manifestantes se concentraron en distintos puntos céntricos de París e intentaron acercarse al Elíseo, pero las fuerzas del orden los dispersaron con gases lacrimógenos. Se movilizaron 70.000 policías en todo el país para prevenir posibles incidentes. Los chalecos amarillos reivindicaron 150 acciones ese día y, según la Unión de Estudiantes, 150.000 personas salieron a la calle en toda Francia.
Las protestas se desarrollaron en un clima de creciente tensión con el Gobierno de Emmanuel Macron, marcado por las declaraciones de Sébastien Lecornu. El ministro afirmó que “tenemos una pequeña minoría de institutos en los que hay una planificación de la violencia”, hablando de una “planificación logística para entregar morteros” de artificio, y acusó a profesores de colegios de ser cómplices de la violencia estudiantil registrada en las últimas semanas, advirtiendo de que los responsables y sus cómplices serían perseguidos: “Los cómplices de esta violencia, ya sea activa o pasiva, incluso entre el personal de la educación nacional, también serán enjuiciados”.
Esas declaraciones aumentaron la crispación entre el profesorado. “Esta declaración (…) es una provocación que no puede sino exacerbar las tensiones en una situación ya crítica”, dijo a AFP Sophie Vénétitay, secretaria general del SNES-FSU, principal sindicato de liceos y colegios.
El ministro de Educación, Édouard Geffray, citó como ejemplo un caso en Nîmes, donde un profesor en prácticas arrojó un objeto de unos 400 gramos contra las fuerzas del orden durante un bloqueo frente a un liceo. El docente fue detenido y condenado por lanzar proyectiles contra los agentes.
La crisis de la vivienda se sumó así a las reivindicaciones contra la austeridad, los recortes en los servicios públicos y la pérdida de poder adquisitivo, en movilizaciones que pretenden articular distintas luchas sociales a escala europea.

