El intendente de Morón, Lucas Ghi, informó que los integrantes de la nueva policía comunal podrán portar y, en caso necesario, usar sus armas personales —al conservar estado policial por haber sido miembros de fuerzas de seguridad— mientras se desarrolla en la provincia de Buenos Aires un debate legislativo para permitir que el municipio les suministre armamento reglamentario.
La declaración se dio tras un episodio de inseguridad ocurrido frente al Colegio Nacional de Morón, centro educativo del que Ghi es egresado, donde asisten sus hijos y en el que fue docente antes de asumir la intendencia.
Un padre baleado a metros del colegio donde el intendente deja a sus hijos cada mañana
El episodio que motivó el debate tuvo lugar en el horario de ingreso de alumnos. Un excomisario identificado como Hernán, de más de 50 años, fue asaltado y recibió un disparo a 25 metros de la puerta del colegio —el mismo lugar donde Ghi suele dejar a su hijo—. En un incidente paralelo, una mujer que llevaba a sus hijos fue forzada a descender de su auto por ocupantes armados de otro vehículo. Ambos sucesos motivaron una convocatoria vecinal para las 18 horas en la intersección de Dinamarca y D’Amico, a una cuadra del establecimiento.
“Hernán deja el auto a veinticinco metros de donde lo dejo yo todas las mañanas cuando llevo a mi hijo”, dijo el intendente, quien señaló que el hecho lo afecta en su rol de padre, exalumno, exdocente y responsable político del municipio donde ocurrieron los hechos.
La policía comunal usará sus propias armas hasta que la ley provincial autorice al municipio a proveerlas
Ghi explicó que la primera promoción de la policía comunal de Morón, compuesta por 130 efectivos, estará operativa a principios de diciembre tras cuatro meses de reentrenamiento. Se trata de exintegrantes de fuerzas de seguridad que se jubilaron de manera voluntaria y mantienen estado policial, por lo que conservan la legítima portación de sus armas personales y pueden utilizarlas cuando la situación lo amerite.
No obstante, el marco legal vigente impide que el municipio, en su carácter de empleador, provea armamento letal. Ante esa limitación, el intendente afirmó que trabaja con la provincia de Buenos Aires para promover una ley que habilite al municipio a dotar a la fuerza con armas reglamentarias.
En la práctica, el plan contempla que el municipio entregue equipamiento institucional de baja letalidad, mientras que los efectivos podrán recurrir a sus armas personales en situaciones extremas debido a su estado policial. Ghi consideró que ese esquema es suficiente a corto plazo, aunque insistió en la necesidad de ampliar el marco legal para otorgar mayores atribuciones a la fuerza.
