La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por unanimidad una resolución crítica con el Gobierno de Daniel Ortega, sin incluir la opción de intervención militar. La votación contó con la presencia de numerosos cancilleres y rechazó cualquier medida armada contra el Ejecutivo nicaragüense.
El organismo creó un Grupo Ministerial de Seguimiento que, tras visitar Managua, tendrá dos meses para presentar a los cancilleres un paquete de acciones diplomáticas destinadas a abordar la situación en Nicaragua.
Antes de la cumbre, Ortega y su esposa Rosario Murillo informaron a Estados Unidos del veto a Natasha Franceschi, nominada por el Departamento de Estado como embajadora en Managua y confirmada por el Senado. Franceschi ya había adelantado que la estrategia de Washington sería ejercer presión diplomática; por ahora no ha recibido el plácet del Gobierno nicaragüense.
“Cerraron las puertas a nuestra embajadora”, declaró Christopher Landau, subsecretario de Estado, durante la reunión extraordinaria de la OEA.
La resolución final, acordada en negociaciones de última hora con Brasil, exige la liberación de presos políticos y la facilitación del regreso de los exiliados. Entre los afectados están siete precandidatos presidenciales encarcelados, dirigentes políticos, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos y otros opositores. La OEA también reclamó la restitución de la nacionalidad a quienes se la habían retirado; muchos de esos exiliados obtuvieron posteriormente la nacionalidad española.
“Esto no es el final, es apenas el comienzo”, afirmó Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA, destituido por el Gobierno tras enfrentarlo.
El sociólogo Douglas Castro advirtió que, sin sanciones más severas o la amenaza creíble del uso de la fuerza, es poco probable que Ortega cambie de postura. Señaló además que la dictadura avanza por fases y que una reacción insuficiente internacionalmente podría favorecer su estrategia.
La resolución incluye otros puntos: la revocación de reformas constitucionales, la recuperación del espacio cívico, la devolución de bienes confiscados y la convocatoria de elecciones libres y democráticas. Estas elecciones deberían celebrarse tras la designación de un nuevo órgano electoral y con observación internacional.
En las votaciones de 2021, consideradas fraudulentas por la oposición y organizaciones internacionales, Ortega obtuvo el 75,92% de los votos en un proceso sin contendientes reales, en un contexto de persecución política que cinco años después sigue afectando al país.
La convocatoria de esta sesión extraordinaria de la OEA fue impulsada por Estados Unidos con el respaldo de sus aliados en el llamado Escudo de las Américas, después de las declaraciones públicas de Ortega sobre la posibilidad de suprimir las elecciones.
El partido opositor Unamos respaldó la resolución y afirmó que la dictadura continúa aislada, subrayando que la lucha por la justicia y la libertad en Nicaragua sigue vigente.
