Hace cuatro años murió Jina Mahsa Amini tras ser detenida por la llamada policía de la moral. Una investigación de Naciones Unidas concluyó que fue sometida a violencia física que causó su muerte y responsabilizó al Estado iraní. A pesar de ello, la República Islámica sigue en pie: el movimiento Mujer, Vida, Libertad no derribó la estructura política, no detuvo la represión ni creó una alternativa capaz de disputar el poder. Pero cabe plantearse otra pregunta: ¿cuánto le cuesta hoy al Estado lograr el mismo nivel de obediencia social?
El hiyab puede servir de indicador. La obligatoriedad del velo no ha sido abolida y el Estado mantiene instrumentos para imponerla —multas, incautación de vehículos, cierre de negocios, vigilancia digital, detenciones y procesos judiciales—. Sin embargo, cuatro años después, las mujeres sin velo se han vuelto una presencia habitual en ciudades como Teherán y otros grandes centros urbanos.
La norma legal permanece, pero su capacidad para traducirse automáticamente en comportamiento social ha disminuido. Castigar y generar obediencia siguen lógicas distintas: prohibir y sancionar no equivale a obtener la aceptación cotidiana de millones de personas. La desobediencia al hiyab precedía a la muerte de Mahsa Amini, pero desde 2022 se volvió más visible y extendida. Para contenerla, el Estado ha tenido que aumentar la vigilancia, el castigo económico y la coerción; la norma está, pero la relación de amplios sectores de la sociedad con ella ha cambiado.
Y luego llegó la guerra.
A partir de los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, la lógica política iraní se orientó de forma marcada hacia la seguridad nacional: la supervivencia del Estado y la amenaza exterior pasaron a ocupar el centro del discurso público. En un contexto de inseguridad económica, miedo e incertidumbre, la capacidad de mantener una movilización callejera sostenida se reduce. Al mismo tiempo surge una paradoja: un poder que durante años trató a parte de su sociedad como amenaza interna ahora requiere de esa misma sociedad cohesión frente a un enemigo externo.
Por todo ello resulta simplista afirmar que la guerra ha fortalecido o debilitado de forma neta a la República Islámica. Ha abierto espacio para el discurso de la seguridad y del enemigo exterior, pero también obliga al Estado a repartir recursos y gestionar riesgos en varios frentes: la guerra, el control interno, una economía presionada y el mantenimiento del orden social.
De nuevo el hiyab funciona como termómetro político. En este cuarto aniversario, responsables del propio sistema han admitido que las condiciones de guerra desaconsejan abrir un frente interno de máxima intensidad en las calles; mientras tanto, los sectores más conservadores exigen una aplicación más estricta de la ley. Esa prudencia no debe interpretarse como tolerancia o un giro ideológico, sino como un cálculo: confrontar masivamente a millones de mujeres mientras el país está en guerra tiene un coste policial, económico y político, y puede generar una nueva fuente de descontento cuando la cohesión interna es necesaria.
Eso no significa que la capacidad represiva del régimen haya desaparecido. Human Rights Watch y el Centro Abdorrahman Boroumand documentaron al menos 59 ejecuciones entre el 18 de marzo y finales de agosto por cargos políticos y de seguridad nacional tras procesos gravemente injustos. Al menos 29 de las personas ejecutadas habían sido detenidas en relación con las protestas de diciembre de 2025 y enero de 2026, y tres estaban vinculadas a Mujer, Vida, Libertad.
De aquí surge una distinción clave para entender el Irán actual: el mismo Estado que encuentra cada vez más dificultades para imponer una norma social a millones de mujeres conserva, al mismo tiempo, una amplia capacidad para castigar selectivamente la disidencia política. El ejercicio del poder no es homogéneo: puede ser extremadamente eficaz persiguiendo y eliminando a opositores concretos y, simultáneamente, tener menos recursos para imponer ciertas normas en la vida cotidiana de grandes sectores de la población.
Lo ocurrido el 16 de septiembre en el Kurdistán iraní ilustra otra dimensión de esa realidad. En el aniversario de la muerte de Jina, comerciantes cerraron sus negocios en ciudades como Saqez, Sanandaj, Mahabad, Bukan, Oshnavieh, Marivan y Kamyaran, a pesar del despliegue de fuerzas de seguridad y de las amenazas a quienes secundaron la huelga. No se trató del regreso de una movilización nacional comparable a la de 2022 —sería confundir deseo con realidad—, pero tampoco fue una mera conmemoración: el nombre de Jina mantiene capacidad para movilizar, coordinar acciones colectivas y promover formas de desobediencia civil.
La gran incógnita no es tanto cuánto poder conserva la República Islámica, sino cuánto necesita ejercerlo para lograr una obediencia que ya no puede dar por sentada. Esa diferencia importa porque condiciona costos, estrategias y riesgos políticos.
Si un movimiento no logra transformar la estructura política, pero sí modifica las condiciones bajo las que esa estructura puede gobernar a la sociedad, entonces su impacto debe plantearse de otra manera: no solo en términos de cambio de régimen, sino en función de cómo altera la capacidad del Estado para imponer su autoridad en el día a día.
