La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata rechazó una apelación de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y confirmó una medida cautelar promovida por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. El fallo impide cualquier intento de flexibilizar las prestaciones, recortar inversiones o reducir los controles de calidad mientras avance la reestructuración y la posible privatización de la empresa estatal.
La resolución judicial ordena a la compañía abstenerse de modificar, limitar, diferir o suspender las obligaciones vigentes relacionadas con el acceso al agua potable, la salud pública y la protección del ambiente. Esta restricción permanecerá hasta que se realice una evaluación integral de carácter ambiental, sanitario e institucional sobre la situación del servicio.
El titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionó el esquema planteado por la conducción de AySA y el Gobierno nacional. Advirtió que una privatización en los términos propuestos podría entregar a los potenciales compradores una empresa sin la exigencia efectiva de garantizar el suministro de agua potable y trasladar el pasivo ambiental a la Provincia, a los municipios o a los propios habitantes, con consecuencias para la salud pública.
Lorenzino subrayó que la intervención del organismo busca proteger un derecho básico: el acceso al agua potable. «El agua potable es un derecho humano fundamental que no puede quedar sujeto a la flexibilización de contratos ni a recortes de inversión», afirmó, y aseguró que seguirán exigiendo que se mantengan las condiciones esenciales del servicio para preservar la salud y el bienestar de la población bonaerense.
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