Protefilm, una pyme de Quilmes, obtuvo una medida cautelar que impide a la distribuidora Edesur cortar o restringir el suministro eléctrico tras recibir facturas por un total superior a $174 millones.
La empresa, dedicada a la fabricación de films plásticos, presentó una demanda por aumentos que calificó como excesivos en conceptos incluidos en las boletas y solicitó protección judicial para asegurar la continuidad del servicio.
El caso quedó radicado en el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Antonio Armella, tras la presentación formulada por Protefilm contra la distribuidora por los importes reclamados.
La resolución ordena a Edesur abstenerse de interrumpir, suspender o restringir el suministro a la compañía mientras se tramita la cuestión de fondo sobre la validez de los montos facturados.
La medida fue dictada con un plazo de respuesta de dos días y se mantendrá vigente hasta que se resuelva el conflicto, condicionada a la presentación de una caución juratoria por parte de Protefilm.
Facturas por más de $174 millones
Según la demanda, las boletas objeto de controversia corresponden a los meses de agosto y septiembre.
La factura de agosto asciende a $91.956.961,49, mientras que la de septiembre alcanza $82.959.743,90, por lo que el total supera los $174 millones.
Protefilm afirmó que, frente al riesgo de corte por falta de pago de la primera factura, tuvo que solicitar un préstamo bancario de $100 millones para cumplir con ese vencimiento y evitar la suspensión del servicio.
Posteriormente, la empresa pidió judicialmente la nulidad de ambos comprobantes y el reintegro de las sumas ya abonadas, alegando que los cargos facturados son indebidos.
La compañía remarcó que la energía eléctrica es un insumo esencial para su producción y advirtió que los incrementos denunciados ponen en riesgo la continuidad de la actividad y alrededor de 70 puestos de trabajo.
Los cargos que cuestionó la empresa
En su presentación, Protefilm atribuyó parte del aumento a conceptos vinculados con el Mercado Eléctrico Mayorista, en particular ACPOT (Ajuste por Servicio de Potencia) y CESTAB (Cargo o Ajuste por Costo de Energía Consumida).
La empresa señaló que esos cargos registraron subas que van desde aproximadamente el 150% hasta más del 300% respecto de períodos anteriores, y que en algunos casos igualaron o superaron el costo de la energía consumida.
También cuestionó la falta de documentación detallada por parte de Edesur y Cammesa sobre los parámetros y cálculos empleados para determinar los importes facturados.
Qué resolvió el juez
Al analizar el pedido cautelar, el juez Luis Antonio Armella consideró que, en esta etapa procesal, existían elementos suficientes para acreditar la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora.
El magistrado destacó que los montos reclamados podían afectar el patrimonio y el capital de trabajo de la empresa, y que exigir el pago bajo la amenaza de corte podría derivar en cesación de pagos, concurso preventivo o quiebra.
La medida cautelar no resuelve la cuestión de fondo ni declara la validez definitiva de los cargos, sino que busca preservar el suministro mientras se sustancia el proceso judicial.
El abogado de Protefilm, Marcelo Szelagowski, valoró la decisión y señaló que el fallo reconoce la importancia del suministro energético para la actividad industrial, al tiempo que cuestionó la transferencia de costos a las industrias por supuestos desequilibrios del sistema.
El conflicto continuará en sede judicial, donde se analizarán la legitimidad de los cargos incluidos en las facturas y los argumentos presentados por la empresa quilmeña.
