Los partidos de la oposición de centroizquierda en Suecia obtendrían, de forma conjunta, alrededor del 51,3% de los votos en las elecciones parlamentarias celebradas este domingo, frente al 46,8% del bloque de derecha en el poder, según el sondeo a pie de urna de la cadena pública SVT.
La diferencia de 4,5 puntos se explica en parte por el descenso de los ultraderechistas Demócratas de Suecia, que pierden tres puntos y se sitúan en el 17,2%. Los Verdes registran la mayor subida, mientras que los liberales logran mantenerse en el Parlamento al obtener un 5,5%, por encima del umbral del 4%. Su continuidad garantiza que los cuatro partidos del bloque conservador sigan representados, aunque el sondeo sitúa al bloque de derechas en derrota y podría devolver el Gobierno a los socialdemócratas.
La candidata socialdemócrata es Magdalena Andersson, que en caso de victoria tendría que articular una mayoría funcional con cuatro formaciones: los socialdemócratas, los Verdes, el Centro (liberal) y el Partido de la Izquierda, de raíces comunistas. Entre ellas existen diferencias importantes en fiscalidad y política energética; la Izquierda exige carteras ministeriales y el encaje con los sectores más centristas sigue por definirse. El rechazo común a la extrema derecha sirve como punto de partida, pero la elaboración de un programa conjunto quedaría sujeta a negociación.
El primer ministro sueco Ulf Kristersson, que durante cuatro años ha gobernado con el apoyo de los Demócratas de Suecia, afirmó que integraría formalmente a los ultras en el Ejecutivo si su bloque ganaba, rompiendo un tabú político en el país. A lo largo de la campaña Kristersson fue por detrás en las encuestas pese a la mejoría económica y a ciertos avances en materia de seguridad ciudadana.
Los Demócratas de Suecia han influido en el resto del espectro parlamentario con algunas de sus propuestas, pese a que reconocen que parte de sus orígenes en la década de 1980 estuvieron vinculados a neonazis y supremacistas blancos. Hoy se presentan como una fuerza que combina planteamientos moderados en economía y propuestas ambiciosas en algunas áreas de protección social; sostienen haber expulsado a los extremistas de sus filas y han pedido perdón por su pasado.
Los socialdemócratas de Magdalena Andersson llegan a estas elecciones con el legado del folkhemmet, la «casa del pueblo» que convirtió a Suecia en un referente del Estado del bienestar en Europa. El partido dominó gran parte del siglo XX y en 2022 obtuvo un 30,3% de los votos y 107 diputados. Andersson, economista y exministra de Finanzas, fue además la primera mujer en dirigir el Gobierno sueco, en el periodo entre noviembre de 2021 y octubre de 2022.
Según Jonas Hinnfors, profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo, la imagen de Suecia como un país gobernado de forma casi natural por los socialdemócratas pertenece al pasado. El partido ha podido encabezar gobiernos, pero casi siempre ha necesitado coaliciones o acuerdos, lo que ha moderado sus políticas y transformado el sistema político del país.
Hinnfors añade que en 2022 la campaña estuvo dominada por la inmigración y la delincuencia, mientras que en estas elecciones —especialmente desde el invierno— han cobrado protagonismo el coste de la vida, los impuestos y la economía. La inmigración y la criminalidad siguen presentes en el debate, pero los asuntos centrales han sido la fiscalidad, el Estado del bienestar y la gestión del sector público.
El Partido Socialdemócrata también ha adoptado posiciones más exigentes en materia migratoria y de seguridad. Andersson defiende mantener una política migratoria restrictiva y reforzar la actuación policial contra las redes criminales, aunque rechaza la expulsión de jóvenes que han crecido e integrado su vida en Suecia al alcanzar la mayoría de edad. En materia de delincuencia combina penas más duras y más recursos para la policía con inversiones en educación, servicios sociales y programas para prevenir el reclutamiento de menores por parte de las bandas.
Suecia fue durante décadas de los países europeos más receptivos con los inmigrantes, pero desde la llegada de Kristersson al poder hace cuatro años se han endurecido las políticas: se suprimió la residencia permanente para refugiados, se apretaron los requisitos para prestaciones sociales y se intensificaron las expulsiones de quienes no tienen derecho a permanecer en el país. El Gobierno también aumentó desde enero la ayuda al retorno voluntario hasta 350.000 coronas por adulto (unos 32.000 euros), una medida que tuvo una acogida limitada —171 solicitudes en los primeros ocho meses—. Los Demócratas de Suecia proponen ampliar esa ayuda incluso a inmigrantes que ya tengan la nacionalidad sueca si aceptan renunciar a ella.
En esta campaña, los Demócratas de Suecia han llegado a proponer medidas más drásticas, como prohibir la vestimenta femenina que cubra el rostro en caso de llegar al Gobierno.
