“Se trata de una suma de acusaciones y testimonios falsos en mi contra. Me declaro inocente”. El bloc de notas del abogado Nizar El Fakih recoge también las declaraciones que Nicolás Maduro hizo el pasado jueves, cuando el juez Alvin Hellerstein le preguntó por la nueva imputación —conspiración para cometer torturas— que la Fiscalía de Estados Unidos ha añadido al expediente.
El jurista venezolano ha asistido personalmente a todas las audiencias celebradas en los 10 meses desde la detención y traslado de Maduro a Nueva York. Según El Fakih, el mandatario está físicamente más recuperado que al principio, pero muestra inquietud: intentó pronunciar un discurso —como los numerosos que ofreció durante su presidencia— y el juez no le permitió hablar. Durante la sesión se le vio ansioso y buscando comunicarse con sus abogados.
Esa inquietud responde, en parte, a las numerosas acusaciones que ahora le persiguen. Las torturas, a menudo negadas por la propaganda oficial, han vuelto a situarse en el centro del caso, en vísperas del octavo aniversario de los hechos contra el concejal opositor Fernando Albán en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), que terminaron con su muerte. Albán cayó desde el décimo piso de un edificio policial; las autoridades chavistas intentaron justificarlo como un suicidio, una tesis que en su día apoyaron algunas voces internacionales.
El caso de Albán es solo uno de los más conocidos. El volumen de denuncias por torturas es amplio y complejo; en la acusación de la Fiscalía, por ahora, figuran nueve cargos vinculados a víctimas, incluidos algunos ciudadanos estadounidenses. Entre ellos aparece la denominada “víctima 8”, detenida en 2023 al viajar a Venezuela para visitar a familiares: sufrió golpes que le lesionaron la espalda, descargas eléctricas, traslados con la boca sujeta al cañón de una pistola y finalmente fue perdonado para servir como moneda de cambio ante Washington, según la confesión de sus torturadores.
Dibujo que muestra al depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. EFE
Organismos como Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional y diversas organizaciones venezolanas han recopilado testimonios y pruebas que describen las torturas como prácticas sistemáticas de las fuerzas de seguridad. Sus informes ofrecen un panorama detallado y persistente de abusos y vejámenes.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU documentó, por ejemplo, que una persona homosexual detenida en la prisión de Tocuyito entre agosto y septiembre de 2024 fue desnudada y violada analmente por un comandante durante aproximadamente 25 minutos, mientras otros custodios grababan la agresión y proferían insultos. El agresor le dijo a la víctima que le contagiaría el VIH; cuatro semanas después la persona fue diagnosticada como seropositiva, según el informe.
En ese mismo penal se encuentra desde hace años Jorge Alayeto, uno de los presos hispanovenezolanos de mayor antigüedad. Además de sufrir torturas, relató que su sobrino fue maltratado por agentes para forzar una confesión. En el juicio, el único testigo acusador contra Alayeto fue, según las denuncias, quien lo había torturado.
Otro testimonio incluido en los informes describe a una mujer arrestada en 2018 en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Boleíta: fue atada desnuda a un pilar durante horas, sometida a tocamientos, recibió descargas eléctricas en los senos y, de acuerdo con su relato, le introdujeron un rifle en la vagina. Su pareja, detenida el mismo día, declaró haber recibido descargas en los genitales y haber sido mantenido desnudo en condiciones de frío extremo.
Los métodos denunciados incluyen descargas eléctricas en todo el cuerpo —con frecuencia en los genitales— (la Corte Penal Internacional ha incorporado las violaciones sexuales al expediente venezolano como posibles crímenes de lesa humanidad); asfixia mecánica con bolsas, a veces llenas de gas pimienta o insecticida; palizas mientras las víctimas quedan colgadas; y confinamientos en espacios diseñados para el aislamiento y la tortura psicológica. Habitáculos con nombres como “la tumba”, “el sarcófago”, “la cápsula del tiempo” o “la casa de los sueños” describen recintos reducidos que combinan temperaturas extremas, privación del sueño y otros abusos.
Según El Fakih, la inclusión del delito de torturas añade una dimensión nueva al proceso, porque, a diferencia de otros cargos, se presenta con víctimas ya identificadas. La Fiscalía pretende que esas víctimas testifiquen en el juicio para que el jurado escuche directamente sus experiencias. Ese testimonio, afirmó el abogado, será un elemento estratégico de gran contundencia y persuasión.
