“Es la suma de falsas acusaciones y falsos testimonios en mi contra. Me declaro inocente”. El bloc de notas del abogado Nizar El Fakih no solo recoge las declaraciones textuales que Nicolás Maduro realizó el pasado jueves cuando el juez Alvin Hellerstein le preguntó por la nueva acusación, conspiración para cometer torturas, que la Fiscalía estadounidense ha añadido a su caso.
El jurista venezolano ha seguido en persona todas las audiencias celebradas durante los diez meses transcurridos desde la detención y traslado del líder a Nueva York. Según El Fakih, Maduro en octubre “presentaba mejor aspecto físico, más repuesto, pero estaba inquieto. Intentó pronunciar un discurso —como los que daba durante su presidencia—, pero el juez no le permitió. Estaba ansioso y buscaba constantemente comunicarse con sus abogados”.
Esa inquietud tiene motivos: las acusaciones de tortura, muchas veces negadas por la propaganda oficial, le siguen hasta su celda neoyorquina, y coinciden con el octavo aniversario de las torturas sufridas por el concejal opositor Fernando Albán en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), que terminaron con su muerte. Albán murió tras caer desde el décimo piso del edificio policial; el fallecimiento fue presentado en su día como un suicidio por fiscales del régimen y esa tesis contó con defensores internacionales.
El caso de Albán es emblemático, pero el expediente sobre torturas en Venezuela es amplio. En la acusación de la Fiscalía, por ahora, figuran nueve imputaciones, entre ellas de víctimas estadounidenses o de doble nacionalidad. Uno de los casos incluidos en el sumario es el de la “víctima 8”, detenido en 2023 cuando visitaba a familiares en Venezuela: recibió golpes que le lesionaron la espalda, descargas eléctricas, fue trasladado con la boca presionada por la boca del cañón de una pistola y, según su relato, solo se salvó porque un alto mandó reservarlo para posibles intercambios con Washington.
Dibujo que muestra al líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. EFE
Organizaciones como Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional y varias agrupaciones venezolanas han recopilado testimonios y pruebas que describen las torturas como prácticas sistemáticas y generalizadas por parte de cuerpos de seguridad. Sus informes documentan un patrón persistente de abusos.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU recoge casos concretos: por ejemplo, señala que una persona homosexual detenida en la prisión de Tocuyito entre agosto y septiembre de 2024 fue desnudada y violada analmente por un comandante durante unos 25 minutos, mientras era golpeada y sometida a insultos; una funcionaria grabó la agresión en presencia de otros custodios. Según el informe, al detenido le dijeron que le transmitirían el VIH; cuatro semanas después tuvo un diagnóstico positivo.
En el mismo penal cumple condena Jorge Alayeto, quien lleva nueve años encarcelado. El comerciante relató haber sido torturado y haber presenciado cómo agentes obligaban a su sobrino a firmar una confesión bajo coacción. Durante su juicio, el único acusador contra Alayeto fue, según los registros, su presunto torturador.
El informe de la ONU también documenta casos ocurridos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Boleíta: una mujer detenida en 2018 fue atada desnuda a un pilar durante horas, sometida a tocamientos y a descargas eléctricas en los senos; según su testimonio, funcionarios habrían introducido un rifle en su vagina. Su pareja, detenida el mismo día, relató descargas eléctricas en los genitales y haber sido mantenido desnudo en condiciones de extremo frío.
Los métodos descritos incluyen descargas eléctricas por el cuerpo, con especial victimización de los genitales (la Corte Penal Internacional ha considerado las violaciones sexuales como posibles crímenes de lesa humanidad en el expediente venezolano); asfixia con bolsas de plástico (a veces rellenas de gas pimienta o insecticida); palizas mientras la persona está colgada; y celdas diseñadas para aislamiento y tortura psicológica. Habitáculos conocidos por testimonios como “la tumba”, “el sarcófago”, la “cápsula del tiempo” o la “casa de los sueños” combinan condiciones extremas de temperatura, privación del sueño y otros castigos.
Para El Fakih, la inclusión del cargo por torturas añade una dimensión nueva al proceso: a diferencia de otros delitos, este se ha presentado junto a víctimas ya identificadas, y la Fiscalía pretende que esas víctimas testifiquen en el juicio. “Será un elemento estratégico de mucha contundencia, muy persuasivo”, concluyó el abogado.
