El pasado día 14 Donald Trump publicó en Truth Social que estaba a punto de iniciar una exploración “massive” de petróleo, gas y minerales en “our new and beautiful Greenland”. Ese “beautiful”, ligado al posesivo, refleja su costumbre de mezclar intereses personales y decisiones públicas. Sin embargo, no es solo una excentricidad: Groenlandia importa por su situación entre el Ártico y el Atlántico Norte, por su papel defensivo para América y por sus recursos minerales cada vez más accesibles. El acuerdo firmado en septiembre entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia refuerza la presencia y capacidades militares de Washington, pero no altera la soberanía danesa ni otorga derechos de explotación a EEUU. La mención de Trump subraya, en todo caso, la dimensión económica de un territorio cuya importancia estratégica es indiscutible y plantea hasta qué punto la competencia por las reservas podrá erosionar los pactos ambientales que protegieron los polos durante décadas.
Los mapas inducen a error. Acostumbrados a ver el mundo con proyecciones centradas en el ecuador, los polos se perciben como zonas extremas y distantes. La proyección de Mercator sobreestimó durante siglos las áreas de latitudes altas; la Equal Earth, respaldada por la ONU, corrige esa distorsión pero no recupera la perspectiva polar. Si miramos el planeta desde arriba, la geografía cambia: alrededor del Ártico se muestran Rusia, Estados Unidos, Canadá y Europa, Groenlandia aparece como bisagra entre América y el Atlántico Norte, y las distancias que parecían enormes se acortan.
Hasta ahora, el hielo había contenido esa geografía. No eliminó la geopolítica, pero la encapsuló. Su retroceso abre nuevas rutas marítimas, facilita la extracción de recursos y hace accesibles zonas antes inhóspitas. De ese modo, el deshielo no crea la geopolítica ártica sino que desmonta el corsé natural que moderaba la competición. Rusia lo ha entendido desde siempre: posee gran parte de la costa ártica y considera su masa polar clave para su seguridad, economía y estatus como potencia. Ha desarrollado puertos, bases y rompehielos y ha impulsado la Ruta Marítima del Norte; para Moscú, el Ártico nunca fue periferia.
Hubo un tiempo en que Occidente intentó apartar la pugna de los polos. En 1996 los ocho Estados árticos crearon, mediante la Declaración de Ottawa, el Consejo Ártico, evitando deliberadamente asuntos militares para centrarse en medio ambiente, sostenibilidad, ciencia y cooperación con los pueblos indígenas. Esa confianza estratégica propia de los noventa se ha desvanecido: tras la invasión de Ucrania, la cooperación política con Rusia quedó suspendida. Si bien la investigación y la colaboración técnica han continuado, las reuniones gubernamentales de alto nivel no se han normalizado. Además, la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN dejó a siete de los ocho Estados árticos dentro de la Alianza, una situación inédita que debilita la idea original del Consejo Ártico.
Ha emergido, además, un actor que no figuraba en aquel mapa: China. Sin litoral ártico, Pekín ha mostrado ambición polar: observador del Consejo desde 2013, se declaró “Estado cercano al Ártico” en 2018 y promovió la Ruta Polar de la Seda vinculada a la Belt and Road. Estableció estaciones científicas en Noruega e Islandia en la era de la globalización, cuando se le veía más como socio que como rival estratégico; hoy algunas de esas iniciativas generan cautela y restricciones. La presencia china más relevante se articula a través de Rusia, en rutas marítimas, hidrocarburos, minerales, investigación y asistencia en elementos de doble uso. La guerra en Ucrania y el aislamiento occidental han hecho a Rusia más dependiente de China, y a Pekín le han abierto un acceso ártico que antes le habría sido difícil.
Canadá afronta consecuencias distintas. El Ártico ocupa alrededor del 40% de su territorio, más del 70% de su litoral y alberga a menos del 1% de su población. Durante décadas Ottawa confió gran parte de la defensa de su frontera norte a la estructura compartida con Estados Unidos, centrada en el NORAD, en la que Washington aportaba la mayor capacidad. El Gobierno de Mark Carney está destinando decenas de miles de millones a fortalecer bases, vigilancia, infraestructuras y rompehielos. Esas inversiones modernizarán el NORAD y aumentarán la capacidad autónoma canadiense y su contribución a la OTAN: la intención es seguir integrado en el entramado defensivo norteamericano pero con más peso propio y menos dependencia material de Washington.
Europa también comienza a reaccionar. La política ártica de la Unión de 2021 se centró en clima, medio ambiente, desarrollo sostenible y cooperación. La actualización en curso incorpora de forma explícita seguridad y defensa, conectividad, resiliencia y seguridad económica. No es un ajuste menor: Europa pasa de diseñar políticas para proteger el Ártico a definir medidas para protegerse en él.
España tampoco está al margen. El Comité Polar Español aprobó la Estrategia Polar Española 2026-2035. Partimos de una sólida tradición científica y de la condición de observador en el Consejo Ártico desde 2006, logro alcanzado y mantenido gracias al esfuerzo de científicos, exploradores y miembros de la Armada que impulsaron una presencia polar cuando no era una prioridad nacional. Contamos además con una presencia consolidada en la Antártida. El reto ahora es combinar esa trayectoria investigadora y medioambiental con la dimensión estratégica que adquiere el Norte.
El otro polo ofrece una imagen distinta. Si el Ártico es un océano rodeado por Estados soberanos, la Antártida es un continente sometido a un régimen internacional excepcional desde 1959 que congeló disputas territoriales y reservó el territorio a fines pacíficos y científicos. América Latina tiene una presencia histórica allí —Argentina y Chile son actores clásicos y Brasil mantiene actividad científica— y para España la Antártida forma parte natural de su relación transatlántica, uno de los pilares de su política exterior.
Este marco jurídico se reforzó en 1991 en Madrid con el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico, vigente desde 1998, que declara la Antártida “reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia” y prohíbe la explotación de recursos minerales salvo fines científicos. Mientras el deshielo ártico abre posibilidades de extracción, el derecho antártico mantiene esa puerta cerrada. No obstante, la Antártida también sufre presiones crecientes: turismo, expansión de infraestructuras y mayor presencia de potencias, además de los efectos acelerados del cambio climático.
Durante mucho tiempo concebimos los polos como confines lejanos. Ya no lo son. Su centralidad no proviene de haber dejado de ser extremos geográficos, sino de las cuestiones que hoy concentran: quién controla las rutas, quién garantiza la seguridad, quién accede a los recursos y, en definitiva, hasta dónde llega el derecho.
(Un mundo dislocado. Claves para navegarlo, mi reflexión sobre la metamorfosis de la geopolítica y las reglas, publicada por Deusto, ya está en preventa. Llegará a librerías a mediados de noviembre).
