«Hay que elegir de una vez por todas un bando: o la violencia, o la República», dijo el martes en la Asamblea Nacional el primer ministro francés Sébastien Lecornu. Anunció un «despliegue policial masivo» para la nueva jornada de protestas del 24 de octubre y afirmó que detrás de los disturbios existe «un plan de insurrección liderado por grupos de extrema izquierda y ultraizquierda».
Lecornu añadió que, en su opinión, toca «librar un combate político y cultural contra la violencia» y abrió un cruce de acusaciones con La Francia Insumisa (LFI). El líder parlamentario de LFI, Manuel Bompard, respondió que la juventud ha mostrado su cólera y que el Gobierno ha reaccionado con «desprecio y violencia», atribuyendo a la estrategia gubernamental las «consecuencias dramáticas» observadas.
El primer ministro recalcó que «el orden público es un requisito indispensable para todo» y defendió las medidas de seguridad adoptadas tras los disturbios. Varias ciudades, entre ellas Marsella, Niza y Burdeos, impusieron toques de queda temporales, como ya lo habían hecho París, Lyon, Lille y Nantes. Lecornu sostuvo que, cuando hay vandalismo y saqueo, los responsables son los vándalos y no la retórica que sugiere que las autoridades son culpables de los daños.
El propio Lecornu reconoció que la respuesta policial del 17 de octubre fue «estática» y «con pocos recursos» y anunció un cambio de estrategia para las próximas protestas, con el objetivo de neutralizar a los grupos que, según él, dispersaron a las fuerzas de seguridad de forma «extremadamente planificada».
El ministro del Interior, Laurent Nuñez —cuya dimisión no fue aceptada por el presidente Macron— dijo que liderará la operación del 24 de octubre y que la respuesta será «extremadamente firme». Nuñez anunció que cientos de militares de la Operation Sentinelle liberarán a policías de tareas de vigilancia y protección para que los agentes puedan centrarse en el control de las manifestaciones convocadas por los Chalecos Amarillos contra la carestía de la vida.
Nuñez atribuyó parte de la responsabilidad a la «extrema izquierda», con base en informes de los servicios de Inteligencia, y acusó a LFI de haber «echado aceite al fuego», defendiendo que los servicios de Inteligencia «no trabajan al servicio de los partidos políticos».
Bompard, por su parte, acusó al Gobierno de realizar «labores de Inteligencia política» y citó una investigación del portal Mediapart que, según él, prueba manipulaciones en los servicios de Inteligencia. También criticó lo que calificó de aprovechamiento político del miedo ciudadano, señalando medidas como los toques de queda y los helicópteros sobrevolando París.
El incendio de Limoges
En Limoges, la Subdirección Antiterrorista (SDAT) asumió la investigación del incendio que destruyó el ayuntamiento durante las protestas del 17 de octubre. Un hombre de 34 años, identificado como Hosdeî CD, con antecedentes policiales y vinculado a grupos de extrema izquierda, fue detenido a primera hora del martes en Val-d’Issoire como principal sospechoso del incendio provocado.
El alcalde de Limoges, Guillaume Guérin, del partido Los Republicanos, declaró que el incendio fue «premeditado» y que hubo preparativos previos para decidir cómo llevarlo a cabo. Guérin aseguró que «la ultraizquierda organizó la logística» y culpó del ataque a «un grupo de anarquistas y anticapitalistas vestidos de negro y equipados para la guerrilla urbana».
La policía considera que Hosdeî CD fue el cerebro de la operación. La investigación preliminar apunta a que el sospechoso y otros implicados forzaron una ventana el sábado por la tarde para acceder al edificio y prendieron fuego en el sótano.
El incendio se propagó con rapidez hasta el ático, arrasó el tejado y provocó la caída del campanario de 43 metros, en una imagen comparada por algunos con la caída de la aguja de Notre-Dame. Más de 8.000 vecinos se concentraron el domingo ante los restos humeantes del ayuntamiento en señal de solidaridad.
La entrada de la SDAT en la investigación añade un componente antiterrorista a los sucesos del 17-O y alimenta la hipótesis de un plan premeditado para asaltar ayuntamientos. En Marsella, decenas de manifestantes entraron en el ayuntamiento y el alcalde Benoît Payan contactó con el presidente Macron para solicitar refuerzos.
El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, señaló que el 70% de los más de 2.300 detenidos desde el 17 de octubre son adultos y que muchos cuentan con antecedentes policiales, diferenciando este balance de los más de 8.000 detenidos desde el inicio de las protestas estudiantiles a finales de septiembre, de los cuales el 85% eran menores.
Darmanin ordenó a las fiscalías que reclasifiquen la violencia vinculada al 17-O como «delincuencia organizada», lo que permitiría prolongar los periodos de detención policial de 48 a 72 horas para facilitar intervenciones telefónicas y geolocalizaciones destinadas a determinar la ubicación de los sospechosos en los momentos de saqueos y asaltos a ayuntamientos.
