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Organizaciones de derechos humanos advierten que el número de víctimas podría superar las 25.000

Organizaciones de derechos humanos advierten que el número de víctimas podría superar las 25.000

Organizaciones de derechos humanos advierten que el número de víctimas podría superar las 25.000

Organizaciones de derechos humanos advierten que el número de víctimas podría superar las 25.000

Organizaciones de derechos humanos advierten que el número de víctimas podría superar las 25.000

Al menos once palestinos murieron el miércoles en la Franja de Gaza, entre ellos tres periodistas, dos niños de 13 años y una mujer, durante una serie de ataques del Ejército israelí en distintas zonas del enclave, según informaron fuentes hospitalarias y organizaciones de medios en la región. Los hechos ocurrieron en una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre, mientras Estados Unidos intenta impulsar la segunda fase del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

Entre las víctimas se encuentran tres periodistas palestinos identificados como Mohammad Salah Qashta, Anas Ghanem y Abdul Raouf Samir Shaat, quienes perdieron la vida al ser alcanzado su vehículo por un ataque israelí mientras filmaban cerca de un campamento de desplazados gestionado por un comité egipcio en la zona de Netzarim, en el centro de Gaza. Según explicó Mohammed Mansour, portavoz del comité, el vehículo era conocido por las autoridades israelíes como perteneciente a la misión egipcia. Imágenes difundidas por el comité mostraron el automóvil completamente destruido y en llamas al borde de la carretera.

El hospital Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balah, recibió los cuerpos de víctimas alcanzadas por drones israelíes en el campo de refugiados de Bureij y de tres hermanos muertos en un bombardeo de tanques. En la ciudad de Bani Suheila, el Hospital Nasser confirmó la muerte de un niño de 13 años que fue baleado por militares israelíes mientras recogía leña, según relató su madre, Safaa al-Sharafy, a The Associated Press.

Uno de los bombardeos impactó directamente un vehículo del Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza mientras los tres reporteros registraban imágenes con un dron de la distribución de ayuda a desplazados.

El ejército israelí declaró que sus tropas identificaron a varios sospechosos que operaban un dron afiliado a Hamas que representaba una amenaza para sus fuerzas.

El ataque ocurre en un momento crítico. La semana pasada, el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, anunció el inicio de la segunda fase del alto el fuego en Gaza. Esta etapa contempla el establecimiento de una administración palestina tecnocrática de transición y el inicio de la desmilitarización completa y reconstrucción del enclave, aunque careció de detalles sobre cómo ejecutar los aspectos más complejos del acuerdo.

Reporteros Sin Fronteras expresó indignación por el ataque. Martin Roux, jefe del área de crisis de la organización, afirmó que este ataque aislado contra periodistas identificables por su equipo de reporteo podría constituir un crimen de guerra. Sara Qudah, coordinadora del programa para Medio Oriente y África del Norte del Comité para la Protección de Periodistas, señaló que la avanzada tecnología de vigilancia y objetivos de Israel hace implausibles las afirmaciones de identificación errónea.

El ejército israelí sostiene que varios periodistas atacados en Gaza eran terroristas afiliados a grupos militantes palestinos, aunque estas acusaciones han sido rechazadas por organizaciones de defensa de la prensa que señalan la ausencia de pruebas. Israel prohíbe desde el inicio del conflicto el ingreso de periodistas internacionales a Gaza, salvo visitas guiadas esporádicas, lo que convierte a los reporteros palestinos en los únicos testigos independientes.

El alto el fuego vigente desde el 10 de octubre ha demostrado ser frágil. Las autoridades gazatíes (controladas por Hamas) han denunciado más de 466 muertos desde el inicio del cese al fuego, mientras que Israel reporta la muerte de tres de sus soldados en el mismo período.

El Parlamento Europeo autorizó este miércoles que los países de la Unión Europea puedan poner en marcha un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para los años 2026 y 2027, aunque sin la participación de Hungría, Eslovaquia y República Checa. La votación, que avaló la medida con 499 votos a favor, 135 en contra y 24 abstenciones, constituye el paso previo para que la iniciativa se concrete mediante un mecanismo de cooperación reforzada.

Este procedimiento, contemplado en el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea, permite que un mínimo de nueve Estados miembros avancen en iniciativas concretas cuando no existe consenso entre todos los socios comunitarios. El instrumento legal se aplica en ámbitos donde la Unión en su conjunto no puede alcanzar los objetivos en un plazo razonable. La cooperación reforzada no permite la ampliación de competencias más allá de lo recogido en los tratados europeos, y está diseñada para superar puntos muertos sin perjudicar a quienes deciden no participar.

La decisión de los tres países de Europa Central de quedar al margen del préstamo fue formalizada en la cumbre del Consejo Europeo del 18 de diciembre. Según el acuerdo aprobado por los líderes, la movilización de recursos del presupuesto comunitario como garantía del crédito no tendrá impacto en las obligaciones financieras de Hungría, Eslovaquia y la República Checa. No obstante, las empresas de estos países podrán participar en las licitaciones financiadas con estos fondos.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, señaló en su momento que la exclusión permite evitar que sus ciudadanos soporten la carga de este préstamo, que calificó de dinero perdido. Hungría y Eslovaquia, considerados los gobiernos más cercanos a Moscú entre los Veintisiete, han rechazado cualquier tipo de ayuda militar a Ucrania. La posición de la República Checa difiere ligeramente: su primer ministro, Andrej Babis, aclaró que Praga respalda las conclusiones de la cumbre y apoya a Ucrania, pero no está dispuesta a garantizar el préstamo.

El mecanismo financiero acordado por los líderes europeos en diciembre se financiará mediante la emisión de deuda común respaldada por los márgenes del presupuesto comunitario. Esta alternativa se impuso después de constatar que no había acuerdo para financiar el préstamo con los activos rusos inmovilizados, una opción que había sido rechazada principalmente por Bélgica. Bruselas mantiene congelados cerca de 210.000 millones de euros del Banco Central de Rusia, pero las exigencias belgas de garantías ilimitadas para compartir responsabilidades legales y financieras resultaron inaceptables para otros socios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el 14 de enero el diseño concreto del préstamo. Propuso que dos tercios del total, es decir, 60.000 millones de euros, se destinen al gasto militar, con prioridad para las compras a la industria ucraniana y europea. Los 30.000 millones restantes cubrirán las necesidades presupuestarias de Kiev y garantizarán el funcionamiento de la administración pública.

El plan establece que Ucrania recibirá el préstamo sin intereses y solo deberá devolverlo una vez que Rusia pague reparaciones de guerra. La Unión Europea se reserva el derecho de usar los activos rusos inmovilizados para apoyar a Kiev si fuera necesario. Mientras tanto, la deuda será colocada en los mercados internacionales con el respaldo del presupuesto europeo. Bruselas estima que los intereses ascenderán a unos 3.000 millones de euros anuales, que deberán presupuestarse en el próximo marco financiero plurianual.

El dispositivo también contempla que las adquisiciones militares se realicen en los países de la Unión Europea, Ucrania, Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. Solo cuando estas compras no sean posibles en esta región geográfica o no puedan realizarse con la rapidez necesaria podrá recurrirse a proveedores de otros Estados.

El Parlamento Europeo aprobó además esta semana tramitar por procedimiento de urgencia las propuestas legislativas necesarias para poner en marcha el préstamo. El objetivo de la Comisión Europea es que los eurodiputados y los Estados miembros las aprueben antes de finales de marzo para que el primer desembolso pueda producirse en abril.

Como en anteriores programas de ayuda a Kiev, los pagos estarán condicionados a que Ucrania cumpla un programa de reformas destinadas también a allanar su camino a la adhesión a la Unión Europea. Estas reformas abarcan áreas como la lucha contra la corrupción y el refuerzo del Estado de Derecho.

La decisión de la Eurocámara se produce en un contexto en el que la Unión Europea busca garantizar el apoyo financiero y militar a Ucrania en un momento crítico. Según las estimaciones de la propia Unión, Kiev necesita 135.000 millones de euros adicionales para sostener sus finanzas durante los próximos dos años, con una crisis de liquidez prevista a partir de abril de 2026.

La portavoz del secretario general de la Alianza Atlántica detalló que los esfuerzos de la negociación se centrarán en la seguridad del Ártico

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