Decenas de miles de personas han participado en las protestas sociales que por quinto sábado consecutivo recorren ciudades francesas, en un contexto marcado por un aumento de la violencia en institutos y por la agresión con arma blanca a un vicepresidente de la Universidad de Versalles Saint-Quentin en Yvelines, asaltado en su despacho el viernes por la tarde sin sufrir heridas graves.
Tras una concentración de directores de centros educativos el mismo viernes, el primer ministro Sébastien Lecornu se comprometió a facilitar “los medios adecuados para proteger las instituciones escolares de la República, que deberían ser un santuario y renunciar a todo tipo de violencia”.
En los últimos diez días se han registrado más de un centenar de ataques con morteros pirotécnicos en institutos de la región de Île-de-France. Además, la agresión con una botella cargada de gasolina contra la concejala Angela Pascoa Dos Santos en Chelles, en la periferia de París, y el caso de un profesor rociado con gasolina cerca de Marsella han encendido las alarmas esta semana.
“La violencia ha estado ahí desde el principio”, afirmó el ministro del Interior Laurent Nuñez, en referencia a los 2.400 detenidos y alrededor de un millar de heridos en las manifestaciones del 17 de octubre, así como a los incidentes durante los bloqueos en institutos, que dejaron un total de 240 docentes heridos.
A pesar del clima cada vez más tenso, sindicatos, grupos estudiantiles y los chalecos amarillos convocaron una nueva jornada de convergencia para el 14 de noviembre contra la carestía de la vida y la precariedad en la educación pública, con más de cincuenta actos previstos en todo el país y una marcha entre la plaza de la República y la plaza de la Nación.
En la base de la estatua de Marianne se desplegó una pancarta con el lema “La rabia del pueblo”. Otra consigna en la marcha fue “Represión policial, respuesta popular”. La participación en esta convocatoria registró una caída notable respecto a movilizaciones anteriores.
“No he faltado a una sola marcha hasta la fecha, pero los ánimos están decayendo y la violencia está empezando a echar a la gente para atrás”, reconoció Gérard Petit, acompañado por su hijo Maël. “Lo que me impulsa a salir es lo que está en juego. No nos basta con subir el salario mínimo; nos manifestamos contra el deterioro y el desmantelamiento de las instituciones públicas, empezando por las escuelas”.
“Hay cierta fatiga y hay que tenerlo en cuenta”, admitió Karl Ghazi, secretario general de la CGT en París. Sabrine Kharbach, portavoz de los sindicatos estudiantiles, indicó que la convocatoria incluye la protesta contra la violencia hacia menores y la represión policial, y recordó que más de 300 estudiantes han resultado heridos durante las protestas por el uso de granadas de aturdimiento, balas de goma y gases lacrimógenos por parte de la policía.
Vivienne Lejeoux, de la Liga de Derechos Humanos, criticó al Gobierno y afirmó que la ley “anti-vándalos” puede hacer corresponsable de saqueos y destrozos a quienes participen en una manifestación. Añadió que el Senado debatirá próximamente otra norma que, a su juicio, otorga a la policía “licencia para matar”, y calificó la situación en Francia de “escandalosa”.
Unos 70.000 agentes volvieron a desplegarse para “blindar” las manifestaciones ante la previsión de más de 180.000 participantes en todo el país. “Les he pedido que no bajen la guardia ante posibles incidentes porque la violencia no ha disminuido en intensidad”, advirtió el ministro del Interior, al tiempo que señaló que se han detectado llamamientos a marchas no autorizadas que podrían buscar la confrontación con la policía en los centros urbanos.
