La nota estaba escrita a mano. Era viernes 30 de marzo de 1979, al acabar el turno. «Filtro obstruido, lo he desmontado, he solicitado que lo sustituyan». El técnico de la ciudadela militar número 19 de Sverdlovsk —rebautizada Ekaterimburgo en 1991— dejó ese mensaje sobre la mesa de su superior y se fue a su casa.
Nadie leyó la nota.
Durante varias horas, las centrifugadoras de aquella instalación, presentada como un laboratorio civil, siguieron funcionando sin protección. El viento de los Urales dispersó una nube de esporas: era ántrax, la cepa 836, considerada la pieza más valiosa de Biopreparat, el programa soviético de armas biológicas que oficialmente no debía existir tras la convención de 1972.
Tres días después empezaron a enfermar trabajadores de una fábrica de cerámica; el último caso se registró el 19 de mayo. La cifra oficial de fallecidos fue de 66. Ken Alibek, exnúmero dos del programa que después desertó a Estados Unidos, calculó al menos 105 víctimas; otras fuentes cifraron hasta 600. Nunca se conocerá con certeza el total.
El laboratorio y el programa secreto de armas bacteriológicas
Cuarenta y siete años después, la historia no se repite —esa es al menos la esperanza—, pero quienes recuerdan lo sucedido miran con desconfianza las explicaciones oficiales rusas.
Cuatro días después de la muerte de Daria Shipilova, una investigadora de un laboratorio en Siberia, cerca de Irkutsk, las autoridades rusas no han aclarado la causa del fallecimiento: se han limitado a hablar de neumonía y a negar cualquier vínculo con el laboratorio, incluso antes de recibir preguntas al respecto.
En Sverdlovsk ocurrió algo similar. La primera versión oficial apuntó a una causa distante del lugar de la fuga; los primeros rumores se tacharon de calumnias antisoviéticas. Cuando Washington exigió explicaciones, la agencia Tass difundió otra versión: una epidemia natural causada por carne en mal estado que había llegado al mercado ilegal.
Se detuvo a vendedores, se incautó mercancía y se sacrificaron hasta un centenar de perros callejeros. Mientras tanto, el KGB borraba archivos y gestionaba certificados de defunción con relatos diferentes.
La llamada de Trump
Han cambiado los nombres y, por fortuna, algunas circunstancias. Aun así, el guion guarda demasiadas similitudes. Ekaterimburgo sigue siendo uno de los principales centros de la industria militar rusa.
Moscú ha rechazado las solicitudes de explicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de Estados Unidos, pese a rumores —aún sin confirmar— sobre un segundo caso. El Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea habla de «información muy limitada» procedente de Rusia.
Donald Trump ofreció ayuda. La réplica del Kremlin, a través de su portavoz Dmitri Peskov, fue una frase significativa: que, en todo caso, serían ellos quienes podrían ayudar a Estados Unidos a combatir epidemias en su territorio.
En Washington esa respuesta no gustó. El Departamento de Estado remitió una nota confidencial recordando a Moscú que ocultar información sobre la muerte de Shipilova viola las obligaciones sanitarias internacionales.
Trump anunció además una conversación telefónica con Vladimir Putin para tratar el asunto y afirmó: «No creemos que el brote de peste esté relacionado con un arma bacteriológica, pero lo descubriremos pronto».
La diferencia respecto a 1979
Existe, sin embargo, una diferencia importante respecto a entonces. En 1980 los testimonios sobre lo sucedido en Sverdlovsk tardaron un año en llegar a Occidente y lo hicieron a través de Possev, una revista de emigrados publicada en Alemania Occidental.
Los analistas estadounidenses reconstruyeron los hechos a partir de los síntomas y concluyeron que se trataba de ántrax pulmonar; la supuesta carne contaminada no explicaba la epidemia. En abril de ese año estimaron al menos 200 muertos. Moscú mantuvo su versión oficial.
Hoy la presión sobre Rusia es inmediata. El Reglamento Sanitario Internacional obliga a notificar a la OMS cualquier riesgo potencial para la salud pública internacional. Eso es en el papel: si el país afectado no permite el acceso, nadie puede inspeccionar ese laboratorio.
Pasaron 13 años hasta que Boris Yeltsin —que en 1979 era el máximo responsable del Partido Comunista en Sverdlovsk y por tanto conocía los hechos— reconociera la relación entre las muertes y el laboratorio de investigación militar.
Yeltsin aseguró que Biopreparat fue desmantelado, pero en 1998 un general vinculado al programa seguía atribuyendo todo a la carne en el diario Izvestia.
Muchos expertos occidentales siguen convencidos de que aquel programa nunca llegó a desaparecer por completo.
Hoy hay una científica muerta en Siberia y un diagnóstico de neumonía que nadie ha podido verificar de forma independiente.
Como tantas veces en Rusia, el resto se mantiene en silencio.
