La ciudad de Stevenage, a unos 20 kilómetros al norte del Gran Londres, podría parecer alejada de la geopolítica; sin embargo, además de haber servido como escenario de rodaje y de ser vecina de autores famosos, alberga industrias vinculadas a la defensa que la conectan con la guerra en Ucrania.
El mayor empleador local es MBDA, la empresa franco-británico-italiana fabricante de misiles cuyos productos incluyen los Storm Shadow (en Reino Unido) y SCALP-EG (en Francia). Esos misiles desempeñaron un papel destacado en la defensa ucraniana en 2023 y 2024. Aunque las cifras oficiales son parciales, se estima que el Reino Unido ha suministrado a Kiev varias centenas de unidades y Francia, al menos de forma oficial, alrededor de 140.
El jueves, el primer ministro británico Andy Burnham –recordado por calificar a Rusia recientemente como “enemigo”– acordó el envío de más Storm Shadow a Ucrania tras reunirse en Londres con el presidente Volodimir Zelenski. La información, difundida por Bloomberg y no desmentida oficialmente, encaja en la estrategia del Reino Unido y de la UE de intensificar la ayuda militar a Kiev ante un aparente acercamiento de Estados Unidos hacia Rusia.
A primera vista, la decisión tiene sentido: los Storm Shadow son franco-británicos y, por tanto, aumentan la autonomía estratégica de Ucrania frente a sistemas estadounidenses. No obstante, la situación es más complicada, porque el misil incluye componentes críticos suministrados por Estados Unidos, como mapas y sistemas de orientación, que conceden a Washington la potestad de vetar su uso en determinadas situaciones.
Así ocurrió inicialmente con el Gobierno de Joe Biden, que restringió el uso de esos misiles contra territorio ruso y luego fue flexibilizando las limitaciones. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca cambió la dinámica: desde agosto de 2025 el Pentágono dispone de derecho de veto sobre lanzamientos contra Rusia, lo que condiciona la operativa de los envíos adicionales.
Dudas sobre la operatividad
Ese control estadounidense genera incertidumbre sobre la efectividad de nuevos cargamentos. El Storm Shadow tiene un alcance de unos 250 kilómetros y una carga explosiva de aproximadamente 110 kilos, útil para atacar infraestructuras como refinerías rusas. Sin embargo, parece improbable que la Administración Trump autorice misiones que contribuyan a presiones sobre los precios de combustibles, un argumento que ha usado el propio presidente pese a que el impacto en el mercado global responde a múltiples factores, incluyendo conflictos en otras regiones, según datos de empresas como Vitol.
El envío de Storm Shadow también se concibe como un paso hacia la producción en Ucrania de la versión SCALP-EG, autorizada por París y Londres. Pero esa transferencia tecnológica será lenta: se prevé que pasen varios años antes de que la industria ucraniana alcance una capacidad de producción que cubra sus necesidades. La limitada capacidad industrial de Ucrania para fabricar misiles en gran volumen sigue siendo un problema estructural.
Además, la dependencia de componentes controlados por EEUU no desaparece con la producción local. Por ello, Londres mantiene una tercera vía: tres sistemas de armas —no divulgados públicamente pero probablemente misiles— desarrollados desde el verano que no requerirían autorización estadounidense para operar plenamente.
Esos sistemas, acordados por Zelenski y el anterior primer ministro Keir Starmer y continuados por Burnham, ya se están probando en el Reino Unido y en Ucrania, donde hay un pequeño contingente británico. Se cree que son proyectiles con alcance de unos 500 kilómetros, el doble del Storm Shadow, pero con menor precisión. Su ventaja es que son más baratos y más sencillos de fabricar, lo que facilita su despliegue rápido.
Aun así, estas medidas actúan más como soluciones paliativas que como una respuesta definitiva. Siguen, eso sí, las principales directrices de la ayuda occidental a Ucrania: cooperación con Kiev, transferencia de tecnología y permitir que Ucrania decida qué armas desea, cómo producirlas y en qué circunstancias emplearlas.
Un problema adicional es el espacio de comunicaciones militares. La decisión de Elon Musk de limitar el acceso de unidades ucranianas a la red satelital Starshield redujo capacidades críticas. La UE estudia abrir a Ucrania su iniciativa GOVSATCOM, integrada por países como Alemania, Francia, Italia y España, y complementar esa oferta con otras constelaciones como Eutelsat OneWeb y SES. Sin embargo, GOVSATCOM tardaría en desplegarse plenamente —con previsiones que apuntan a 2027— y su capacidad y tiempo de respuesta son inferiores a los de Starshield/Starlink: GOVSATCOM cuenta con centenares de satélites frente a las miles de Starlink.
En resumen, el Reino Unido y la UE intentan intensificar la ayuda militar y tecnológica a Ucrania, pero enfrentan limitaciones industriales, dependencia de componentes controlados por Estados Unidos y retrasos en alternativas satelitales. Esos factores complican la búsqueda de sustitutos plenos a lo que Ucrania ha perdido con las restricciones de actores como Elon Musk y las decisiones políticas de Washington.
