El conflicto político en Paraguay culminó este viernes con la destitución del presidente Santiago Peña. La decisión popular reflejó, además, la persistente influencia del Partido Colorado en la política del país.
Minutos antes de la votación que, por unanimidad, puso fin anticipado al mandato que debía concluir en agosto de 2028, el senador opositor Ever Villalba afirmó que Peña representaba “basura política” y que había numerosos ciudadanos perjudicados por la situación. Tras la destitución, asumió como presidente el hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana.
Al tomar posesión, el nuevo presidente declaró que pondrá especial atención en “los más humildes”. En paralelo, la Fiscalía anunció órdenes de detención contra el expresidente Peña y contra Carlos Carvallo, ex presidente del Banco Central.
La medida contra Peña es arresto domiciliario, adoptada con la finalidad de evitar una posible fuga del país, hasta que sea puesto a disposición de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
La sede del Parlamento, financiada por Taiwán, fue el escenario en el que, en pocas horas, una crisis financiera derivó en una crisis política: un banco en dificultades, acusaciones sobre la gestión del gobierno, la renuncia presidencial, el rechazo del Congreso a esa renuncia y el inicio de un proceso de juicio político que culminó con la destitución.
Drama institucional
La situación representó un drama institucional bajo el intenso calor de Asunción. La caída política de Peña se facilitó porque su propio partido, el Partido Colorado —que ha gobernado la mayor parte del tiempo en las últimas décadas, incluida la era de la dictadura de Alfredo Stroessner—, le retiró el respaldo. En Paraguay, las decisiones clave suelen depender de las distintas facciones internas del partido colorado.
La facción más influyente fue la encabezada por Horacio Cartes, ex presidente y empresario con gran peso político, que reaccionó ante la intención de Peña de consolidar una corriente propia dentro del partido. Cartes cuestionó públicamente la situación del Ueno Bank, una fintech que se convirtió en banco digital, y esas críticas desembocaron en investigaciones y en la acusación de que Peña pudo haberse beneficiado económicamente tras las operaciones vinculadas al banco, en las que se habría comprometido parte de los fondos de los pensionistas.
Peña, de 47 años y con vínculos visibles con figuras como Donald Trump y Javier Milei, había elevado el perfil internacional de Paraguay. Cuando detectó la pérdida de apoyo de Cartes, contactó con el embajador de Estados Unidos para alertar sobre la posibilidad de que se promoviera su destitución. La respuesta exterior fue limitada a un comunicado de la embajada que expresó “solidaridad con el pueblo paraguayo” ante los acontecimientos.
Vodevil
Tras la ofensiva política de Cartes, Peña intentó resistir y finalmente, el jueves presentó su renuncia. El Congreso, no obstante, no la aceptó, y entre la noche del jueves y la tarde del viernes se sucedieron intensas maniobras políticas que se describieron como un verdadero vodevil.
El Parlamento confirmó que sometería a Peña a juicio político estando aún en funciones. En la madrugada del viernes, Peña remitió al presidente del Congreso, Basilio Núñez, una solicitud de tres días para estudiar las 15 páginas de la acusación y las 300 fojas anexas que había recibido horas antes.
Peña manifestó su intención de presentarse y ejercer su derecho a la defensa con argumentos y pruebas, en respeto a la Constitución y las instituciones. El Congreso, sin embargo, concedió sólo media hora adicional para ese trámite.
El expresidente declaró que hablaría con franqueza ante el pleno: “Voy a exponer mi verdad, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos”. En lugar de acudir al Senado, Peña regresó presumiblemente a la residencia presidencial de Mburuvicha Róga para organizar asuntos personales, lo que alimentó especulaciones sobre su decisión de no intervenir directamente en la sesión.
En manos de abogados
La defensa de Peña quedó en manos de sus abogados, entre ellos Adolfo Ferreiro, conocido por haber defendido causas políticas en el pasado. Núñez y otros legisladores expresaron su preferencia por dar más tiempo al exmandatario para preparar la defensa, con el argumento de evitar posteriores impugnaciones ante instancias internacionales, recursos que la defensa de Peña anunció que presentaría.
Núñez advirtió sobre riesgos si se precipitan los plazos, recordando el precedente del juicio político contra el expresidente Fernando Lugo y señalando que decisiones apresuradas podrían repercutir negativamente en la ciudadanía en el futuro.
La sesión tuvo momentos de distensión, aunque también comentarios polémicos desde la tribuna de algunos participantes. Al avanzar la tarde, cientos de ciudadanos se congregaron en la Plaza de Armas frente al Congreso para seguir el desarrollo de la jornada y expresar su posición.
Juicio político
Durante la fase de acusación en el Senado, una diputada del Partido Patria Querida afirmó que Peña sabía que el banco estaba en riesgo y criticó a quienes habían depositado sus ahorros allí; luego retiró una palabra fuerte que había empleada en ese contexto. Además de la vía política, se espera que se desarrollen procesos penales relacionados con las irregularidades financieras señaladas.
Con la abrupta interrupción del gobierno de Peña, Paraguay vuelve a experimentar un episodio de inestabilidad institucional que se suma a otros sucesos políticos relevantes desde el retorno a la democracia en 1989, incluyendo destituciones y renuncias presidenciales.
La historia reciente y remota del país, marcada por conflictos como la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), que redujo drásticamente la población, y por la larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), contextualiza las profundas fragilidades y sensibilidades de la política paraguaya contemporánea.
