El juez Ernesto García Maañón, miembro de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, fue suspendido tras admitirse las acusaciones en su contra por presunto acoso sexual y laboral ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires.
La resolución, tomada por unanimidad en una audiencia el 3 de noviembre, consideró que existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento. Además, se ordenó el embargo del 40% del salario del magistrado, quien tiene 78 años.
El avance del expediente se produce pese a que el juez presentó su renuncia en julio de 2025; esa dimisión no fue aceptada por el gobernador Axel Kicillof y no podrá concretarse mientras dure el proceso de enjuiciamiento.
Las denuncias contra el magistrado
La investigación comenzó con una denuncia de una secretaria letrada de la misma Cámara, quien atribuye a García Maañón múltiples episodios de presunto acoso sexual y trato laboral inadecuado.
Según la acusación, la funcionaria recibió mensajes y comentarios sobre su aspecto físico y vivió situaciones incómodas en reuniones en el despacho del juez.
Entre los hechos relatados figura una presunta sujeción de la cintura con un intento de tocar los glúteos, y un episodio ocurrido en junio de 2025 que habría involucrado la presencia de un arma dentro de la oficina del magistrado.
Las denuncias fueron promovidas por la Procuración General bonaerense y el Colegio de Abogados de San Isidro. Además de los hechos de acoso, se investigan señalamientos por malos tratos a empleadas, uso de recursos públicos con fines personales, delegación indebida de firma digital y posibles presiones sobre testigos.
Avanza el proceso que podría terminar con su destitución
El expediente de enjuiciamiento se inició hace aproximadamente un año con una presentación del procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento.
Con la declaración de admisibilidad, el tribunal dio un plazo de diez días a las partes para presentar las pruebas que se utilizarán en el debate.
El siguiente paso es la realización de un juicio oral y público, en el que se deberá resolver si corresponde la destitución del magistrado.
En paralelo, la Justicia de San Isidro, a cargo del fiscal José Amallo, mantiene abierta una investigación penal sobre los hechos denunciados.
La suspensión y el embargo salarial adoptados son medidas del proceso de enjuiciamiento y no constituyen una condena; la responsabilidad del magistrado se determinará en las instancias judiciales correspondientes.
