El panorama exterior de noviembre se presenta agitado. Los resultados electorales en Estados Unidos cuestionan límites presidenciales; en Abu Dabi se negociaron enfoques distintos sobre una paz en la que cada parte persigue intereses propios; la seguridad europea figura en la agenda sin que Europa actúe como un bloque; Israel intenta formar gobierno con las heridas de Gaza aún abiertas y la violencia de colonos en Cisjordania persiste; en el estrecho de Ormuz la libertad de navegación sigue condicionada; y en Antalya representantes de gobiernos, empresas y ONG discuten el futuro climático sin consenso sobre quién debe actuar y a qué coste.
En Estados Unidos, la derrota personal de Trump y las pérdidas en el Congreso reflejan un vuelco electoral, pero la Casa Blanca sigue en juego y un presidente debilitado no implica automáticamente un Ejecutivo sin capacidad. Los demócratas han obtenido victorias sin ofrecer una alternativa clara al trumpismo. Los contrapesos democráticos han funcionado, pero no conviene dar por sentado que las urnas restaurarán automáticamente la previos narrativa transatlántica: las prioridades norteamericanas ya venían cambiando antes de Trump.
En Ormuz la normalidad aún no se ha restablecido por completo: los petroleros transitan con escolta y a un coste elevado. Queda por ver si prevalecerá la libertad de navegación o si la capacidad de cerrar un estrecho impondrá condiciones sobre su tránsito.
En Abu Dabi, las conversaciones sobre Ucrania pusieron sobre la mesa la posibilidad de revisar la arquitectura estratégica europea. Washington exploró acuerdos, Moscú buscó ventajas y Europa intentó ganar presencia sin haber definido plenamente quién la representaría. Casi cuatro décadas después del fin de la Guerra Fría, falta la voluntad —y quizá la capacidad— para reclamar que la seguridad europea la decidan los europeos.
Tras la violencia del 7 de octubre, la seguridad de Israel es una prioridad innegable. Pero ello no exime a su ejército de cumplir el derecho internacional humanitario ni autoriza la coacción de colonos contra la población palestina en Cisjordania, cuando esa violencia es tolerada o alentada por responsables políticos. Instrumentalizar el Derecho Internacional solo para condenar a los propios adversarios lo degrada a argumento oportunista.
En Antalya se reunieron gobiernos, empresas y ONG en la habitual cumbre climática. Turquía propone que la electricidad represente el 35 % del consumo mundial en 2035, pero no especifica las fuentes. Esa distinción es clave: electrificar cambia el patrón de consumo, pero reducir emisiones depende de cómo se genera la energía. Pequeños Estados insulares reclaman recortes urgentes por la subida del nivel del mar; países en desarrollo piden financiación; la Unión Europea apuesta por la electrificación sin resolver la dependencia de la molécula energética; y Venezuela reivindica su derecho a incrementar la producción de petróleo. Cada actor prioriza sus intereses nacionales mientras se debate el futuro del planeta.
El objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 °C alcanzó en Europa un estatus casi dogmático durante la conversación en torno al Green Deal. Bajo esa bandera se adoptaron medidas económicas e industriales sin valorar adecuadamente costes sociales y repercusiones geopolíticas. La guerra en Ucrania recordó que la energía es poder, China evidenció la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y la desindustrialización mostró que regular no equivale a competir. Hoy se discute seguridad energética, autonomía estratégica y reindustrialización; bienvenido un enfoque pragmático que corrija errores, siempre que sea profundo y realista.
Las renovables permiten generar electricidad con recursos locales, pero la producción de paneles, baterías y el procesamiento de minerales críticos está concentrada, en gran medida, en China. Dependencia de equipos y materiales no es lo mismo que depender de combustibles día a día, pero tampoco es independencia total. La UE ha transitado de aspirar a salvar el planeta mediante regulación a buscar autonomía mediante subvenciones, y aún no ha explicado cómo conciliar descarbonización, energía asequible, competitividad y cohesión social, ni quién asumirá los costes de esos equilibrios.
Antalya resume una contradicción mayor: multiplicamos declaraciones sobre retos comunes mientras priman los intereses nacionales. No se trata solo de una acumulación de crisis; el desajuste entre valores, intereses y alianzas descompone el orden global. Durante décadas supusimos que afinidades políticas, alianzas militares y lazos económicos formarían redes coherentes. Hoy se comercia con una potencia, se busca seguridad con otra y se coopera tecnológicamente con una tercera.
En El Cairo discutí con el chairman del Observer Research Foundation sobre si las llamadas ‘potencias medias’ pueden ordenar esta transición. ¿Qué une a países tan distintos como Arabia Saudí y Reino Unido, o India y Canadá? No sus sistemas políticos ni sus modelos sociales, quizá sí la conveniencia de preservar normas básicas que impidan la modificación de fronteras por la fuerza, den previsibilidad al comercio y protejan las inversiones. Esas reglas son valiosas cuando falta confianza mutua, pero ningún actor forma un bloque monolítico: cada uno reserva excepciones cuando le conviene. La cooperación tiende a construirse por cuestiones concretas, no por alineamientos generales.
Figuras como Mark Carney defienden asociaciones con Europa y un orden basado en reglas, sin obviar que la geografía comercial pesa: gran parte de las exportaciones canadienses se dirigen a Estados Unidos. Diversificar no niega esa realidad, sino que busca evitar que lo determine todo. La Unión Europea, pese a su mercado y recursos, a veces tiene dificultad para traducirlos en influencia efectiva: proclama autonomía sin asumir todos sus costes y confunde capacidad regulatoria con capacidad operativa.
Existe una paradoja europea notable. La UE se construyó sobre la idea de que normas compartidas mitigarían rivalidades y transformarían la interdependencia en instrumento de paz, lo que ha sido un logro. Pero esa experiencia no se puede aplicar sin más en un escenario donde las grandes potencias utilizan dependencias económicas como herramientas de presión. El problema no es defender las reglas, sino creer que invocarlas basta frente a quienes están dispuestos a quebrantarlas.
No es sensato idealizar un pasado que también conoció guerras, arbitrariedades y dobles raseros; Occidente contribuyó a erosionar ese orden. Sus instituciones ofrecieron previsibilidad y siguen existiendo, pero cada vez orientan menos la conducta de los Estados. Resumir la situación con un ‘el mundo está loco’ sería una rendición intelectual que impide comprender lo que ocurre.
El verdadero problema es persistir en navegar con cartas de un mapa que ya no se corresponde con el mar. Ajustar referencias, distinguir principios de consignas y comprender antes de actuar es la propuesta del libro que lleva el título de esta columna y que recoge reflexiones de años de trabajo (Un mundo dislocado. Claves para navegarlo / Ediciones Deusto). No es un ejercicio nostálgico: es una invitación a entender la nueva realidad y a recuperar la capacidad de decidir nuestro rumbo.
