Ante nuevas escenas de saqueos y violencia en París, y con un balance provisional de 2.397 detenidos y 997 policías heridos desde el sábado, Emmanuel Macron rompió su silencio con un mensaje televisado de diez minutos. Afirmó que quienes intentaron «derribar la República» deberán responder ante la ley y dijo que el Gobierno será «implacable», al mismo tiempo que defendió que escuchar y dialogar no es sinónimo de debilidad ni de impunidad.
El presidente convocó el domingo a sus ministros, por segunda vez desde el inicio de las movilizaciones estudiantiles, en un clima de alta tensión social y política. Reconoció que había «rabia y vergüenza» tras la oleada de violencia del 17 de octubre y preguntó cómo se llegó a ese punto, subrayando que nada lo explica ni lo justifica.
Macron atribuyó el caos a «elementos facciosos procedentes de grupúsculos de extrema izquierda» y a «numerosos delincuentes» que saquearon comercios y destruyeron edificios públicos. Cuestionó actos como la quema del ayuntamiento de Limoges, el asalto a una oficina de turismo en Lyon y la entrada forzada al ayuntamiento de Marsella.
Ante críticas dirigidas al primer ministro Sébastien Lecornu y al ministro del Interior, Laurent Nuñez, Macron exigió «respuestas claras y una transparencia total» para evitar que se repitan episodios comparables de caos y destrucción en el país.
El presidente anticipó que los prefectos podrían prohibir ciertas concentraciones en los próximos días y pidió a todos los partidos que condenen sin ambigüedades cualquier forma de violencia. «El país necesita orden, no una escalada», sostuvo.
Durante las manifestaciones del 17 de octubre, en las que participaron más de medio millón de personas, fueron habituales los gritos de «¡Macron, dimisión!». Su reacción tardía, sus ausencias durante las movilizaciones (se encontraba en España y debía viajar a Oriente Próximo) y su presencia la noche anterior en un concierto junto a su esposa contribuyeron a que se convirtiera en blanco de críticas de todos los colores políticos.
Crecen las críticas
Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional, dijo que Francia atraviesa una «crisis profunda de confianza y de autoridad» y describió los hechos del 17 de octubre como una amenaza para la democracia y una señal de un «poder macronista agotado y desorientado».
El centrista y ex primer ministro Édouard Philippe reclamó responsabilidades políticas por «fallos en la cadena de mando» que, según él, permitieron el descontrol policial. Bruno Retailleau, líder de Los Republicanos, pidió incluso declarar el estado de emergencia y prohibir temporalmente las manifestaciones.
Jean‐Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa, que participó en la marcha desde la plaza de la República hasta la plaza de Clichy, afirmó que «quienes comparten nuestra lucha no tienen nada que ver con los saqueos ni con el vandalismo» y llamó a evitar acciones sin significado político y contrarias a sus métodos.
Macron sostuvo que quienes insisten en que lo urgente es salir a las calles buscan «secuestrar el debate» y defendió que las discusiones deben darse con los partidos, de forma respetuosa y no mediante violencia ni desorden.
El presidente prometió ser firme contra los alborotadores, diferenciando la violencia de las reivindicaciones legítimas de los estudiantes. Anunció que parlamentarios y autoridades locales trabajarán en soluciones concretas desde esta misma semana y afirmó que la responsabilidad del Ejecutivo es escuchar la indignación y, al mismo tiempo, hacer respetar el orden.
Francia y la resaca de la violencia: miles de detenidos y centenares de policías heridos
El domingo quedó marcado por escenas de «guerrilla urbana», incendios, saqueos y enfrentamientos con la policía. Entre coches quemados, escaparates destrozados y edificios humeantes, la quema del ayuntamiento de Limoges, que ardió durante más de 24 horas, fue una de las imágenes más impactantes.
Los ayuntamientos de París, Marsella y Lyon exigieron explicaciones al primer ministro por la «falta de medios frente a un nivel de violencia sin precedentes». La Asociación de Alcaldes de Francia (AMF) convocó una movilización de apoyo ciudadano ante los edificios municipales en respuesta a los «graves ataques contra las instituciones democráticas».
Lamia El Aaraje, vicealcaldesa de París, declaró que las fuerzas del orden se vieron «desbordadas» el 17 de octubre y relató testimonios de vecinos y comerciantes que se preguntaban por la presencia policial mientras calles enteras eran saqueadas.
El caso de Limoges provocó especial conmoción: los habitantes de esta ciudad de unos 130.000 vecinos lamentaron la pérdida parcial de su ayuntamiento del siglo XIX, cuya aguja cayó entre las llamas en escenas evocadoras del incendio de Notre‐Dame.
El alcalde Guillaume Guérin afirmó que el edificio resultó «muy gravemente dañado y en gran parte perdido». Unas 7.000 personas se reunieron el domingo en una marcha pacífica ante las ruinas humeantes del consistorio.
En París se registraron nuevos enfrentamientos el domingo por la tarde en la plaza de la República. La prefectura desplegó por segundo día consecutivo unidades antidisturbios CRS ante una manifestación no autorizada que fue disuelta con gases lacrimógenos.
Jóvenes heridos
La Fiscalía de Mulhouse informó que remitió a la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) el caso de una adolescente de 17 años, nacida en Mulhouse, que resultó herida durante las movilizaciones y perdió un ojo. A pesar de una intervención quirúrgica de urgencia, la pérdida del ojo izquierdo fue irreversible.
En Saint‐Etienne se abrió otra investigación tras el caso de un joven de 17 años que perdió una mano durante enfrentamientos con la policía, aparentemente por la explosión de una granada aturdidora, un incidente similar al que dejó sin una mano a un estudiante de 15 años en Lens el 5 de octubre.
Más de 1.000 agentes participaron en tareas de limpieza y desescombro en el centro de París, desde la plaza de la República hasta la puerta de Saint‐Martin, zonas donde se produjeron algunos de los enfrentamientos más duros en los márgenes de la marcha pacífica.
La policía empleó gases lacrimógenos y cañones de agua contra grupos de jóvenes enmascarados y vestidos de negro que empezaron los disturbios alrededor de la una del sábado, pero el vandalismo pronto se desbordó.
Unas 1.500 tiendas y comercios resultaron dañados en todo el país y muchos fueron saqueados, informó Alexandre Bompard, presidente de la Federación de Comercio y Distribución, que estimó las pérdidas en «varios cientos de millones de euros».
Tras los nuevos enfrentamientos en la plaza de la República, los disturbios se extendieron por París hasta entrada la noche, con saqueos en la zona de Les Halles y daños en grandes almacenes. La prefectura señaló que «grupos de jóvenes delincuentes» aprovecharon la situación para saquear comercios y que las fuerzas del orden intervinieron sistemáticamente para dispersar y detener a los autores. La jornada terminó con 92 arrestos más en la capital.
El ministro de Comercio, Serge Papin, convocó una reunión en Bercy con federaciones de comerciantes, cadenas de supermercados, bancos y aseguradoras para evaluar las pérdidas y estudiar posibles compensaciones. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, prometió una «respuesta judicial extremadamente firme» y ordenó a los fiscales coordinar una respuesta nacional contra la «violencia de alta intensidad» en los márgenes de las marchas.
La fachada quemada del ayuntamiento de Limoges. PASCAL LACHENAUD/AFP
Caos nacional
Además de París, Marsella fue una de las ciudades más afectadas, con numerosos actos de pillaje y miles de personas identificadas como alborotadores. El alcalde Benoît Payan pidió refuerzos al presidente cuando manifestantes forzaron la entrada al ayuntamiento; también se registraron ataques a comisarías y al domicilio del prefecto en Burdeos, lo que apunta a ataques dirigidos contra objetivos policiales.
En Lyon, el prefecto Etienne Guyot calificó los disturbios de «una magnitud sin precedentes» y explicó que se dieron tres situaciones: una manifestación inicialmente pacífica que reunió a decenas de miles de personas, seguida por grupos radicales que se volvieron violentos y la aparición de saqueadores que saquearon tiendas de forma sistemática.
Guyot aseguró que la policía estuvo presente «en la medida de lo posible» con los recursos disponibles, pero subrayó que no es posible colocar a un agente delante de cada comercio. En la misma línea, Grégory Doucet, alcalde de Lyon por Los Ecologistas, expresó su consternación por los comercios y oficinas quemadas y por los comerciantes que lo han perdido todo, y volvió a defender la necesidad de proteger a la población y el patrimonio local.
