Unos 300 trabajadores surcoreanos preparan acciones legales contra la Administración de Donald Trump por la redada migratoria de septiembre pasado en una fábrica de baterías conjunta de Hyundai y LG en Georgia (EE.UU.), tras la que los detenidos denunciaron abusos e irregularidades.
Su abogado, identificado como Lee, dijo al diario Kyunghyang Shinmun que prevé presentar antes de fin de año reclamaciones administrativas ante nueve organismos federales, entre ellos los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el FBI.
Según el diario, los trabajadores agotarán primero la vía administrativa para solicitar indemnizaciones, un paso obligatorio antes de poder acudir a la vía judicial.
Lee afirmó que se vulneraron derechos laborales y de inmigración y señaló que buscan que Washington reconozca lo ocurrido y ofrezca una disculpa oficial.
La redada del 4 de septiembre de 2025 en la planta conjunta de Hyundai y LG Energy Solution dejó 475 detenidos, entre ellos 316 surcoreanos que fueron deportados; la mayoría eran empleados de LG o subcontratistas.
Las imágenes difundidas mostraron a trabajadores esposados y encadenados; tras su repatriación denunciaron hacinamiento, condiciones insalubres, burlas y la firma de documentos cuyo contenido no entendían. Seúl anunció una investigación sobre posibles vulneraciones de derechos humanos.
Pese al incidente, Hyundai anunció inversiones adicionales por 2.700 millones de dólares en Georgia.
En noviembre, HL-GA Battery Company, la responsable de la fábrica, confirmó a Efe el regreso de especialistas surcoreanos, sin precisar cuántos de los 316 deportados habían retornado.
En octubre, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, propuso un “visado de manufactura” para que técnicos extranjeros puedan permanecer legalmente hasta 90 días instalando maquinaria y formando a trabajadores locales, con el objetivo de evitar episodios similares.
