El Gobierno del presidente de Estados Unidos anunció nuevos aranceles del 10% al 12,5% sobre importaciones procedentes de más de 80 países y economías, argumentando que esas naciones carecen de mecanismos suficientes para impedir la entrada de productos elaborados con trabajo forzoso. Las tarifas entraron en vigor a las 00:01 del viernes y sustituyen al arancel global temporal del 10% que venció el jueves.
La medida se basó en una investigación aplicada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, utilizada para responder a prácticas comerciales consideradas injustificadas o discriminatorias. La Casa Blanca optó por este instrumento después de que los tribunales limitaran parte de las tarifas globales previas impuestas bajo la Sección 122.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que “la tasa y el alcance de las exenciones son apropiados” para eliminar las prácticas sancionadas en la investigación sobre trabajo forzoso.
La decisión provocó reacciones rápidas de varios gobiernos, que rechazaron los argumentos de Washington y anunciaron que iniciarán negociaciones o adoptarán medidas diplomáticas.
Brasil fue uno de los primeros países en responder. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que Estados Unidos empleó la cuestión del trabajo forzoso como pretexto para reforzar una política comercial proteccionista.
En un comunicado, Brasil sostuvo que, ante la falta de un fundamento legal interno que respalde esa política proteccionista, Estados Unidos “optó por manipular un tema tan importante” para justificar los nuevos gravámenes.
La medida representa el segundo aumento arancelario aplicado por Washington contra Brasil en menos de una semana, tras el gravamen del 25% que entró en vigor el miércoles por presuntas prácticas comerciales desleales. Según un análisis de la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil), la carga acumulada sobre las exportaciones brasileñas llegará al 37,5%.
En contraste, México informó que evitó en gran medida el impacto gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La Secretaría de Economía indicó que alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas continuará ingresando al mercado estadounidense con arancel cero.
La dependencia explicó que el resto de los productos seguirá pagando un arancel del 10%, sin cambios respecto del régimen anterior, por lo que el trato arancelario se mantiene.
El Gobierno de Chile también cuestionó la decisión estadounidense y anunció que solicitará quedar excluido de la lista de países alcanzados por los nuevos gravámenes.
La Cancillería chilena afirmó que el país “cuenta con una sólida institucionalidad laboral” y sostuvo que la aplicación de la medida no se condice con esos estándares ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante la investigación.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, expresó preocupación por el impacto en la competitividad de las exportaciones chilenas y advirtió que la medida genera incertidumbre para miles de productores y trabajadores.
En Japón, el portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, calificó la decisión estadounidense de “lamentable”.
Kihara señaló que, aunque la industria y el comercio japoneses operan conforme a normas internacionales, resulta lamentable imponer aranceles con el argumento de falta de medidas para prohibir la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso.
Agregó que Tokio y Washington mantienen vigente un acuerdo comercial bilateral alcanzado en 2025, que fijó un arancel del 15% para la mayoría de las importaciones japonesas a cambio de inversiones por 550.000 millones de dólares en Estados Unidos.
Corea del Sur también pidió preservar el entendimiento comercial pactado con Washington y anunció que mantendrá consultas estrechas con Estados Unidos para garantizar la vigencia del arancel del 15% acordado mutuamente.
El Ministerio de Comercio surcoreano aseguró que las autoridades estadounidenses “reafirmaron su postura de que se debe cumplir el acuerdo comercial vigente” tras conversaciones bilaterales previas al anuncio.
En Australia, el ministro de Comercio, Don Farrell, reclamó la eliminación de los nuevos gravámenes.
Farrell consideró que “estos aranceles son injustificados, incompatibles con nuestro acuerdo de libre comercio y deben eliminarse”, y afirmó que Australia cuenta con algunas de las medidas más sólidas del mundo para combatir el trabajo forzoso y la esclavitud moderna.
El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, también rechazó la medida.
En la red social X, Luxon escribió que la investigación de Estados Unidos no aportó pruebas significativas que respalden las acusaciones relacionadas con el trabajo forzoso y aseguró que “los aranceles no son el camino; aumentan los costos y la incertidumbre para las empresas”.
En Panamá, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, celebró que el país quedara excluido de la nueva lista.
“Las relaciones de confianza también se reflejan en el comercio”, escribió en X, y agregó que la exclusión constituye “una noticia positiva que reafirma la sólida relación de amistad y cooperación entre Panamá y Estados Unidos”.
En Filipinas, la Cámara de Comercio e Industria expresó su preocupación por la nueva tarifa del 12,5%.
Su presidente, George Barcelon, dijo que están “muy preocupados y sorprendidos” por la imposición del 12,5%, que consideró muy alta, y advirtió que hará menos competitivas a las industrias; además calificó como “muy poco claros” los argumentos sobre trabajo infantil.
La secretaria de Comercio filipina, Christina Roque, respondió que el país mantiene “una política sólida contra el trabajo forzoso consistente con diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo”.
En Canadá, el primer ministro Mark Carney confirmó que su Gobierno intensificó las negociaciones con Washington para alcanzar un acuerdo comercial integral antes de la posible entrada en vigor, el 19 de agosto, de un arancel estadounidense del 50% sobre diversos productos canadienses.
Carney advirtió que, si esos aranceles u otras medidas se implantan, Canadá tiene una gama de respuestas posibles y que “todo está sobre la mesa”, aunque aclaró que no es necesario responder por adelantado.
El ministro canadiense de Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, señaló que la inclusión del país en la nueva lista “no es inesperada” y aseguró que Ottawa comparte el objetivo de impedir que bienes producidos con trabajo forzoso ingresen a las cadenas de suministro norteamericanas.
(Con información de AFP)
