En noviembre de 2000, Alberto Fujimori presentó su renuncia a la presidencia del Perú desde Japón, en medio de una grave crisis política desencadenada por los llamados “vladivideos”. Esos registros revelaron un esquema de corrupción dirigido por Vladimiro Montesinos, entonces jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, que incluía el soborno a congresistas, la manipulación del Poder Judicial, la cooptación de medios de comunicación y la corrupción en la adjudicación de contratos estatales. Ante la evidencia y la presión social, el Congreso rechazó la renuncia de Fujimori y lo declaró en “incapacidad moral permanente”. Fujimori fue detenido en Chile en 2005, extraditado a Perú en 2007 y cumplió penas que sumaron 15 años de prisión tras ser condenado en varios casos por corrupción y violaciones de derechos humanos.
A pesar del descrédito por la corrupción y las violaciones a derechos humanos, el fujimorismo no desapareció. Ese movimiento político se asoció también a logros como la desarticulación de grupos insurgentes, la estabilización económica tras la hiperinflación de finales de los años ochenta, programas sociales de impacto y un marco favorable para la inversión privada. Tras una serie de gobiernos con niveles muy bajos de aprobación, el desencanto con la clase política y la percepción de que el fujimorismo tomaba decisiones firmes contribuyeron a su resurgimiento.
En la última década, la alternancia y la crisis política se tradujeron en la presencia de nueve presidentes, lo que evidencia una marcada inestabilidad institucional. La Constitución permite que la presidencia quede vacante por “incapacidad moral o física permanente” declarada por el Congreso, una figura que ha sido interpretada de forma amplia y utilizada en disputas políticas; varios exmandatarios han enfrentado procesos judiciales, como Pedro Castillo. Keiko Fujimori llegó a tener posibilidades electorales por factores como el desgaste de la clase política, la fragmentación de la oposición y la adaptación del discurso fujimorista a problemas actuales como el crimen organizado y la inestabilidad política.
Tras más de dos décadas, el fujimorismo regresó representado por Keiko Fujimori, que prometió priorizar la seguridad ciudadana, la estabilidad económica, la simplificación de trámites estatales y el uso de tecnología para prevenir la corrupción. Al mismo tiempo, sectores de la sociedad advierten sobre el riesgo de una mayor polarización, el uso partidario de instituciones públicas, la concentración de poder, el debilitamiento de la independencia judicial y la posibilidad de impunidad respecto a hechos del pasado. La nueva presidenta electa asegura que gobernará dentro del marco legal; corresponderá a la ciudadanía y a las instituciones evaluar si sus acciones se ajustan al Estado de Derecho.
(*) Luis Yáñez Valdez, autor de esta nota, es antiguo alumno de la Academia de Derecho Internacional de La Haya.
