El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones y añade nuevas causales para impedir el ingreso al país o disponer la expulsión de extranjeros que difundan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina, sus habitantes o sus símbolos nacionales.
La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y, según el Gobierno nacional, busca responder a expresiones recientes consideradas hostiles hacia el país y sus ciudadanos.
Qué cambia en la Ley de Migraciones
La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley 25.871, que establece los motivos por los cuales una persona extranjera puede ser impedida de ingresar al territorio argentino.
A partir de ahora, las autoridades migratorias podrán rechazar el ingreso de quienes:
Difundan mensajes de odio contra la Argentina o los argentinos.
Promuevan actos de discriminación por motivos de nacionalidad.
Inciten a la violencia contra ciudadanos argentinos.
Participen o instiguen actos de ultraje contra los símbolos patrios.
También podrán cancelar residencias
El decreto modifica además el artículo 62 de la Ley de Migraciones, incorporando estas conductas como causales para revocar residencias ya otorgadas.
De este modo, los extranjeros que estén en el país y sean considerados responsables de estas acciones podrán ser intimados a abandonar el territorio en un plazo fijado o, directamente, ser expulsados por la autoridad competente.
La explicación del Gobierno
En un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo explicó que la medida responde al aumento de expresiones hostiles dirigidas hacia la Argentina.
“Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, señalaron desde la Casa Rosada.
En los fundamentos del decreto también se afirma que, en los últimos tiempos, se registró un incremento de “mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”.
Qué situaciones quedan excluidas
El texto aclara expresamente que las nuevas disposiciones no alcanzan a críticas políticas, académicas o ideológicas, ni a manifestaciones de opinión amparadas por los derechos constitucionales y la libertad de expresión.
Además, antes de decidir una expulsión o la revocación de una residencia, las autoridades deberán analizar las circunstancias particulares de cada caso, incluida la situación personal del involucrado.
Con esta modificación, el Gobierno amplía las facultades migratorias para actuar ante conductas consideradas discriminatorias o violentas contra la Argentina, aunque la medida probablemente dará lugar a un debate jurídico y político sobre su alcance y su compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
