Clama inocencia tras una condena a perpetua: el caso del excomisario que espera la decisión de la Corte
Siete años después de ser sentenciado por la muerte de un detenido en Berisso, José Antonio Cacere insiste en que fue víctima de un error judicial. La controversia entre una autopsia inicial que habló de “causas naturales” y una pericia posterior basada en fotografías mantiene el caso bajo revisión de la Corte Suprema.
Una persecución policial en la madrugada del 22 de octubre de 2011 marcó el inicio de una compleja trama judicial que, más de un decenio después, continúa abierta. Aquella noche, un operativo en la ciudad de Berisso derivó en la detención de dos hombres y, horas más tarde, en el fallecimiento de uno de ellos dentro de un calabozo. Ocho años después, la Justicia resolvió condenar a prisión perpetua a cuatro efectivos involucrados. Hoy, uno de ellos, el excomisario de la Policía Bonaerense José Antonio Cacere, exige que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise su sentencia.
”Soy un inocente que pide a gritos ser escuchado”, afirma Cacere. Su expediente permanece desde 2022 en el máximo tribunal del país, el cual deberá determinar si confirma o deja sin efecto el fallo emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 1 de La Plata.
Del procedimiento a la descompensación
El origen de la causa se remonta al 21 de octubre de 2011, cuando un llamado al Comando de Patrullas alertó sobre un hombre a bordo de una motocicleta presuntamente robada. Tres móviles policiales acudieron al lugar. En uno de ellos circulaba Cacere junto a un compañero.
De acuerdo con el testimonio del exoficial, el sospechoso intentó darse a la fuga e ingresó a una vivienda en la intersección de las calles 93 bis y 126. Los efectivos ampararon su ingreso en las facultades legales de persecución y lograron arrestar al conductor —un menor de edad— y al dueño del inmueble, Néstor Ariel Canizzo, quien registraba una orden de captura activa.
Ambos fueron trasladados a la Comisaría 3.ª de Berisso. El menor fue entregado a sus padres por disposición judicial, mientras que Canizzo fue derivado posteriormente a la Comisaría 4.ª de Villa Elvira.
Horas más tarde, Canizzo sufrió una severa descompensación en la celda que compartía con otro detenido, Víctor Raúl Elguera Villegas. Según la declaración de este último, la víctima comenzó a convulsionar de manera repentina. Al llegar la asistencia médica, solo se pudo constatar su fallecimiento.
El giro pericial y la condena
La primera autopsia, efectuada por peritos oficiales del Cuerpo Médico Forense de la Corte, determinó que la causa de muerte fue una insuficiencia cardíaca congestiva con edema agudo de pulmón, derivada de una condición preexistente y agravada por el consumo de sustancias. Al no detectarse signos de violencia o defensa, el expediente fue archivado como fallecimiento por causas naturales y los agentes continuaron en sus funciones.
Néstor Ariel Canizzo fue fotografiado después de haber sido detenido en Berisso. En la imagen no se aprecian lesiones compatibles con una feroz golpiza.
Sin embargo, dos años después, una organización de derechos humanos solicitó la reapertura del caso. La solicitud se fundamentó en una pericia de parte elaborada a partir del análisis fotográfico de la autopsia, sin exhumación del cuerpo. Dicho estudio planteó la hipótesis de una posible fractura de tráquea por traumatismo.
Con esa nueva línea acusatoria, la causa avanzó de una imputación inicial por apremios ilegales a un juicio oral por homicidio calificado. En mayo de 2019, por mayoría, el TOC N.º 1 de La Plata consideró probado que Canizzo falleció por golpes aplicados en el operativo y dictó prisión perpetua para los efectivos Ricardo de La Canal, Roberto Percuoco, Ernesto Conti y José Antonio Cacere.
Un fallo bajo la lupa de la Corte
Cacere cuestiona severamente el sustento del veredicto:
Contradicción médica: Los peritos oficiales sostuvieron en el debate oral que la supuesta lesión traqueal no existía y que, de haber ocurrido, habría provocado la muerte instantánea y no horas después.
Valoración testimonial: El tribunal optó por priorizar el informe del perito de parte junto a los testimonios del menor detenido y del hermano de la víctima.
Las consecuencias administrativas para Cacere no tardaron en llegar: en 2022 fue exonerado de la fuerza tras casi 24 años de servicio, sin esperar el pronunciamiento definitivo de la última instancia judicial.
A la espera de una resolución por parte de la Corte Suprema tras más de tres años de análisis, el excomisario insiste en su reclamo de revisión: “Si fuese verdad lo que dicen, bienvenido al castigo. Pero sé que no es así y por eso sigo peleando”.
