Como en otras monarquías parlamentarias, los miembros de la familia imperial de Japón no pueden expresar públicamente opiniones políticas. En 2016, Akihito —entonces emperador y padre del actual soberano, Naruhito— tuvo que expresar con sumo cuidado que, debido a su deterioro físico y a problemas de salud tras dos cirugías, se veía impedido para asumir plenamente sus obligaciones, sin poder declarar abiertamente su intención de abdicar.
Por eso resulta llamativa la nitidez con la que el actual príncipe heredero, Akishino, ha comentado la polémica reforma de la Ley de la Casa Imperial. Sus palabras, percibidas como una crítica a la clase política, reflejan asimismo el desconcierto y el malestar de buena parte de la población ante la insistencia en mantener una norma que excluye a las mujeres del orden de sucesión.
Akishino reconoció tener “sentimientos encontrados” sobre la enmienda que reserva la sucesión a los varones. Afirmó que no percibe diferencias entre hombres y mujeres para desempeñar las funciones de la familia imperial y, al hacer estas declaraciones antes de un viaje a Paraguay con su esposa, la princesa Kiko, mostró una postura clara pese a la cautela habitual.
En sus comentarios fue sutil pero claro: dijo que era comprensible tener dudas y que la cuestión era difícil, y añadió que no podía pronunciarse más abiertamente. Subrayó la necesidad de que la sociedad siga avanzando y de que se escuchen distintos puntos de vista para decidir qué resulta mejor.
La escasez de varones en una familia en la que las mujeres quedan excluidas del trono se ha convertido en el principal problema institucional en un país tecnológicamente avanzado pero social y políticamente conservador. La primera ministra, Sanae Takaichi, y el Partido Liberal Democrático han impulsado cambios, aunque la reforma aprobada ha recibido críticas y no ha logrado disipar la incomprensión pública.
Entre las medidas, se permite que las princesas mantengan su dignidad imperial tras casarse con ciudadanos comunes —evitando así la reducción progresiva de miembros de la familia— y se autoriza la adopción de varones mayores de 15 años que desciendan por línea masculina de las once ramas imperiales que perdieron estatus con la Constitución de 1947. Esos adoptados seguirían siendo plebeyos sin derechos inmediatos al trono, pero podrían transmitir derechos sucesorios a sus futuros hijos varones, lo que incrementaría las posibilidades de disponer de herederos masculinos en generaciones próximas. La dinastía Yamato, que se considera vigente desde hace unos 2.600 años, busca así asegurar su continuidad.
El descontento dentro de la familia está expuesto no solo por las críticas de Akishino —padre de Hisahito, el joven sobre quien recaen esperanzas de continuidad dinástica— sino también por declaraciones previas del propio Akishino sobre la disminución del número de miembros al servicio de la Corona. Naruhito, antes de un viaje oficial a Europa con la emperatriz Masako, pidió que las medidas para asegurar el futuro de la institución cuenten con la comprensión del pueblo, una petición que, hasta ahora, no ha tenido una respuesta clara.
