Seis meses después del inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, el conflicto permanece estancado tras negociaciones fallidas que no han conducido ni a una guerra total ni a una paz duradera. Washington ha recurrido a diversas medidas de presión, desde ataques selectivos a instalaciones de misiles y drones hasta restricciones a las exportaciones de petróleo, y ahora impulsa una campaña económica denominada Operación Paria Económico, cuyo objetivo último, según el secretario del Tesoro Scott Bessent, sería provocar “el colapso del régimen”.
La Administración de Donald Trump plantea bloquear de manera sistemática las vías financieras del país, con medidas que incluyen cortar el comercio con terceros países, revocar licencias para intercambios académicos y deportivos y aplicar presión sobre activos digitales y oro, considerado por muchos iraníes como un refugio frente a la inflación.
En un discurso reciente, Bessent comparó la situación de las fuerzas de seguridad con la disidencia interna durante la caída del Muro de Berlín y exhortó a los soldados iraníes a cuestionar a sus mandos si comienzan a sufrir retrasos o interrupciones en sus salarios.
Teherán ha calificado esta operación como un acto de guerra. Mohsen Rezaei, principal asesor de seguridad nacional iraní, advirtió que si continúa la presión económica podría ordenarse que “no se exporte ni una gota de petróleo” desde el Golfo Pérsico.
La economía iraní muestra signos de deterioro: el rial ha perdido alrededor de la mitad de su valor desde enero, la inflación anual ronda el 88% y el desempleo supera el doble dígito. Informes de seguimiento marítimo indican una caída de las exportaciones de petróleo en las últimas semanas, mientras que en el país aumentan los apagones y en algunas ciudades se registra escasez de gasolina.
El Banco Central anunció medidas para mitigar el impacto, como una inyección de 500 millones de dólares en el mercado y garantías a empresarios sobre el suministro de divisas para bienes esenciales. Rezaei, por su parte, ha llamado a los jóvenes a incorporarse a la economía local y a producir bienes domésticamente como respuesta de autosuficiencia frente a las sanciones.
Ali Vaez, analista sobre Irán en Crisis Group, señala que la cuestión no es tanto si las sanciones causan daño —eso es evidente—, sino si permiten alcanzar objetivos políticos concretos. Según Vaez, la Administración ha combinado presión económica, opciones militares y ahora aislamiento financiero; aunque la economía iraní es más débil, el Gobierno de Teherán parece menos reacio al riesgo que antes.
El régimen teme además que el deterioro económico provoque estallidos de descontento social similares a las protestas antigubernamentales de enero, que se extendieron por todo el país.
A pesar de cuatro décadas de sanciones y presión económica, la República Islámica no muestra señales claras de capitulación. Expertos estiman que, con sus actuales reservas de oro, Irán podría mantener infraestructuras y bienes básicos durante unos tres años, aunque esa supervivencia implica un coste humano considerable: la pérdida de poder adquisitivo de los ahorros y un horizonte económico cada vez más limitado para la población.
Mehran Kamrava, profesor y analista sobre Irán, explica que la lógica de los dirigentes iraníes es que su sociedad tolera mejor el sufrimiento económico que la estadounidense y que el Gobierno puede resistir más tiempo. Añade que hay una percepción en Irán de que la moderación no ha sido respondida por Estados Unidos y que Washington prioriza el lenguaje militar, lo que alimenta la corriente interna favorable a la escalada.
Esa orientación ya provoca llamados a cambiar la estrategia en sectores del régimen. El medio afín a la seguridad estatal Defa Press defendió abandonar la “defensa reactiva” en favor de una “disuasión activa e iniciativa estratégica”, lo que podría traducirse en ataques preventivos contra intereses estadounidenses en la región. Vaez advierte que lo que Washington concibe como presión financiera podría ser percibido por Teherán como otra forma de agresión.
Teherán exige que Estados Unidos reanude el Memorando de Entendimiento, que preveía la descongelación de activos iraníes, el levantamiento del bloqueo en el estrecho de Ormuz y un respaldo financiero para Irán. Con ese acuerdo en punto muerto, Irán negocia con Omán una nueva regulación del tráfico marítimo en el estrecho, que incluiría la posibilidad de gravar a los buques.
Los analistas anticipan un conflicto prolongado de baja intensidad, con treguas frágiles y cierres intermitentes del estrecho de Ormuz. La libre navegación en el Golfo parece cada vez más limitada y la región enfrenta una inestabilidad crónica cuyos efectos repercuten en la vida cotidiana de millones de personas. En el fondo del conflicto, Irán reclama la restitución del memorando original y Estados Unidos exige la rendición iraní.
