Un tribunal ecuatoriano condenó este miércoles al expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997) y a su hijo Jacobo a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada, relacionado con la venta irregular de pruebas para detectar la covid-19 y otros insumos médicos en 2020.
Además de Bucaram y su hijo, considerados colaboradores en la causa, fueron sentenciados Leandro Berrones, exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, a trece años y cuatro meses de cárcel; y el ciudadano israelí Sheinman Oren a dos años y ocho meses, por su cooperación con la investigación.
Los jueces respaldaron la teoría presentada por la fiscalía, que en mayo había solicitado condenas para los cuatro procesados al acusarlos de colaborar entre marzo y agosto de 2020 con una estructura criminal que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización de unas 21.000 pruebas para la detección de la covid-19 y otros insumos durante la emergencia sanitaria. Asimismo, ordenaron que Bucaram y su hijo paguen una multa cercana a los 9.640 dólares.
En tres oportunidades anteriores las diligencias no se pudieron llevar a cabo porque Bucaram fue sometido a una operación de emergencia por problemas cardíacos y requirió cuidados intensivos en distintos hospitales en las fechas citadas por la justicia; según sus abogados, no se había recuperado de la intervención.
El expresidente se encontraba internado desde la semana pasada en un hospital del norte de Guayaquil, la ciudad más poblada del país y su lugar de residencia.
Los magistrados habían dispuesto que su detención se ejecutara en cuanto recibiera el alta médica. Este miércoles, con la autorización de salida del hospital, el tribunal fue notificado y procedió a notificarle la resolución mediante videollamada, con vigilancia policial.
Según la investigación fiscal, dos ciudadanos israelíes —Oren y otro que fue asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil— se encargaron de trasladar las pruebas bajo custodia de agentes de la oficina de tránsito de Quito hacia la vivienda del exmandatario, donde también se almacenaron mascarillas, lancetas y otros insumos médicos.
La fiscalía indicó además que algunos implicados se hicieron pasar por diplomáticos o por agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) para facilitar desplazamientos y operaciones relacionadas con la comercialización de los insumos.
De acuerdo con el Ministerio Público, las pruebas se vendían en varias provincias sin facturas ni el pago de impuestos estatales. Otros dos agentes de tránsito, que habían sido escoltas de seguridad presidencial, ya fueron condenados en este caso y obtuvieron penas reducidas tras admitir su responsabilidad. Bucaram había permanecido exiliado en Panamá durante dos décadas y regresó a Ecuador en 2017, cuando prescribieron los delitos de presunta corrupción por los que era requerido.
