L-Gante está atravesando un conflicto judicial tras la acusación de que ingresó, junto a un grupo de personas armadas, a una propiedad. Se llevaron a cabo tres allanamientos en General Rodríguez y algunos medios informaron que podría solicitarse la detención del cantante. En medio de esos trascendidos, su madre, Claudia Valenzuela, hizo declaraciones públicas.
Claudia afirmó que la denuncia se originó por la usurpación de terrenos que, según ella, pertenecen a su familia; esos terrenos estarían detrás de la casa de su madre, que fue la vivienda de sus abuelos. Según su versión, el cantante habría actuado contra quienes ocupaban las tierras, lo que derivó en denuncias cruzadas y una investigación judicial.
La mujer describió a los ocupantes como “gente de mal vivir”, acusándolos de acostumbrar a usurpar propiedades para luego venderlas. También sostuvo que el hecho de que Elián sea una persona conocida habría motivado la ocupación y las exigencias de dinero por parte de terceros: al percatarse de que los terrenos y la casa pertenecían a la familia de L-Gante, según ella, comenzaron a pedir plata.
El tío del músico también fue señalado por amenazas, aunque él negó los cargos y sostuvo que su versión no coincide con las denuncias. Dijo que les pidió a algunas personas que se retiraran porque se trataba de la casa de su prima y que, si bien les habló con firmeza, no las atacó ni las amenazó. Hizo estas declaraciones en el programa Desayuno Americano.
Antecedentes penales de L-Gante
En 2023, L-Gante estuvo detenido durante varios meses acusado de privación ilegítima de la libertad, amenazas simples y tenencia de armas de fuego. El caso tuvo amplia cobertura mediática y derivó en un juicio que abarcó distintos hechos ocurridos entre diciembre de 2021 y mayo de 2023.
En octubre de 2024, Valenzuela fue condenado a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas, aunque fue absuelto del cargo de privación ilegítima de la libertad, que conlleva una pena más grave. La sentencia también lo encontró responsable de amenazas calificadas por el uso de arma, amenazas simples y daño.
Uno de los episodios investigados surgió a partir de un conflicto entre allegados al músico y un empleado municipal. La denuncia decía que Valenzuela amenazó al hombre y luego lo trasladó en su camioneta. La Justicia consideró que no había pruebas suficientes para acreditar una privación ilegítima de la libertad, pero sí entendió que los dichos y la conducta del acusado fueron suficientes para intimidar al denunciante.
