La pugna por el control del Tribunal Constitucional mantiene la crisis institucional en Polonia tras la suspensión temporal de funciones de su presidente, Bogdan Wiczkowski, y las protestas nocturnas que congregaron a cientos de personas ante la sede del tribunal y terminaron con cuatro detenidos. El jefe del Estado, Karol Nawrocki, interrumpió su viaje a Senegal para regresar a Varsovia, convocó consultas urgentes con los grupos parlamentarios y denunció una vulneración del orden constitucional. El Gobierno de Donald Tusk presenta la medida como parte de su empeño por restablecer la independencia judicial después de ocho años de gobierno del nacionalconservador Ley y Justicia (PiS).
La crisis refleja la división central de la cohabitación polaca: el Ejecutivo liberal y proeuropeo de Tusk frente al presidente Nawrocki, que fue elegido con el respaldo del PiS. Nawrocki se ha alineado públicamente con magistrados vinculados a la etapa de gobierno de los nacionalconservadores y con los manifestantes que los apoyaron, entre ellos el líder del PiS, Jarosław Kaczyński. Su regreso urgente y su presencia nocturna ante el tribunal convirtieron ese apoyo político en una intervención visible en la crisis.
La situación siguió empeorando. Anna Korwin-Piotrowska, la magistrada que asumió la dirección del Constitucional, ordenó que los jueces trabajaran fuera de la sede y dispensó al personal de acudir salvo petición expresa, alegando riesgos para la seguridad. Nawrocki exigió la retirada de las fuerzas desplegadas alrededor del tribunal y Wiczkowski anunció que intentaría volver a entrar. “El Tribunal son los jueces del Tribunal, no el edificio”, declaró uno de los implicados.
El ministro de Exteriores, Radosław Sikorski, reconoció que los acontecimientos nocturnos “no fueron elegantes”, pero defendió que la alternativa habría sido aceptar una transformación inconstitucional de Polonia en una república presidencial.
El desencadenante se produjo cuando la página del Constitucional informó de que Wiczkowski y su vicepresidente, Bartomiej Sochaski, habían sido apartados de sus funciones durante un mes. Korwin-Piotrowska les imputó, entre otras irregularidades, impedir que ciertos magistrados designados por el Parlamento ejercieran y alterar la composición de las salas. Un tribunal disciplinario deberá decidir si mantiene la suspensión o la revoca.
La disputa incluye un ciclo de legitimidad difícil de romper: Wiczkowski no reconoce como magistrada del Constitucional a la jueza que lo apartó. Korwin-Piotrowska prestó juramento ante el presidente de la Cámara baja después de que el jefe del Estado no lo hiciera, por lo que la controversia sobre los nombramientos pone en tela de juicio la legitimidad de quienes toman las decisiones.
Mientras la web del tribunal anunciaba el relevo, su cuenta en redes sociales acusaba de usurpación del sitio y denunció un intento de golpe de Estado. A la concentración de seguidores del PiS se sumaron miembros de Confederación y simpatizantes del ultraderechista Grzegorz Braun.
La policía informó inicialmente de tres detenidos por saltar la valla y acceder al recinto; posteriormente se añadió una cuarta detención por insultar a un agente, según recogió Wirtualna Polska. También se registraron lanzamientos de objetos contra los policías. La jefatura de Varsovia negó que sus agentes hubieran entrado en el edificio, y afirmó que su intervención se limitó al exterior y respondió a peticiones de protección de la Fiscalía General y de una jueza del Constitucional.
Nawrocki, que se hallaba en vuelo hacia Senegal, decidió regresar: “En un momento como este, el presidente debe estar en Polonia”, declaró. Ya en Varsovia, se reunió con el primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiski, y acudió de madrugada al Constitucional, donde dijo haber facilitado la entrada del vicepresidente Sochaski. La llegada generó empujones: el juez Maciej Berek acusó al presidente de abrirse paso empujando a Korwin-Piotrowska, mientras la Presidencia atribuyó a los jueces una vulneración de la inviolabilidad del jefe del Estado.
“Restaurar el Estado de derecho es nuestra obligación”, escribió Tusk el viernes, y admitió que el proceso es complejo y exige decisiones firmes. El exministro de Justicia Zbigniew Ziobro respondió convocando a la resistencia.
El conflicto tiene su origen en las reformas judiciales impulsadas por el PiS durante su gobierno entre 2015 y 2023, cuyos nombramientos permitieron a ese partido mantener influencia en la justicia tras perder el poder. El Constitucional llegó a confrontar a Varsovia con Bruselas al cuestionar la primacía del Derecho comunitario. El regreso de Tusk permitió cerrar en mayo de 2024 el procedimiento del artículo 7 abierto contra Polonia, pero no puso fin al bloqueo interno.
El 18 de diciembre de 2025, el Tribunal de Justicia de la UE concluyó que el Constitucional polaco no reunía las condiciones de independencia e imparcialidad exigidas, debido a irregularidades en el nombramiento de tres miembros en 2015 y de su presidenta en 2016. Ese fallo no decide por sí solo la legalidad de las medidas actuales. La próxima cita es el pleno anunciado para el 3 de noviembre, con dos bandos que todavía no reconocen una misma autoridad al frente del tribunal.
