Granja Tres Arroyos SA, la sociedad controlante del Grupo GTA y propietaria de la planta Pinazo en Pilar, presentó formalmente un pedido de concurso preventivo de acreedores. La presentación confirma y agrava la crisis financiera de una de las principales empresas avícolas del país.
Un expediente que avanza desde comienzos de septiembre
El expediente fue caratulado como “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo” bajo el número COM 018558/2026 y tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, Secretaría N° 42, con apelación a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
Según el sistema de consulta de causas, la presentación se derivó a ese juzgado el 8 de septiembre; la secretaría recibió el traslado el día siguiente y el 10 de septiembre se registró el inicio de la demanda. En el estado actual, la causa figura “en despacho”.
La segunda sociedad del grupo en la Justicia comercial
La solicitud de concurso se produjo una semana después de que Wade SA, otra firma del Grupo GTA, iniciara un trámite judicial similar, como informó Pilar de Todos el 9 de septiembre. Wade administra las plantas Wade 1 (Ezeiza) y Wade 2 (Esteban Echeverría) y no tiene relación societaria directa con Pinazo, que depende exclusivamente de Granja Tres Arroyos SA. Con estas presentaciones, ya son dos las sociedades del grupo que buscan reestructurar pasivos ante la Justicia; resta conocer si Avex SA, la tercera compañía del grupo, también presentará una solicitud.
Una deuda que supera los 100.000 millones de pesos
Según los registros de la Central de Deudores del Banco Central, al 15 de septiembre de 2026 el grupo compuesto por Granja Tres Arroyos, Avex y Wade registra una exposición total de $160.646 millones, equivalente a US$106,6 millones al tipo de cambio oficial mayorista. Esa cifra agrupa deudas bancarias, compromisos comerciales y cheques rechazados informados por las empresas.
Granja Tres Arroyos concentra la mayor porción del pasivo consolidado, con $156.645 millones (US$103,9 millones). No obstante, hasta ahora el grupo había intentado reestructurar una deuda superior a US$350 millones, cifra que incluye compromisos negociados de manera privada durante el año sin resultados efectivos.
El impacto directo en los trabajadores de Pinazo
En Pilar, la planta Pinazo, situada en La Lonja, atravesó un mes de conflicto laboral. El 14 de agosto, el Concejo Deliberante de Pilar solicitó informes al Ministerio de Trabajo provincial y a la Secretaría de Trabajo nacional por la suspensión de alrededor de 300 trabajadores, medida que había regido entre el 3 y el 30 de ese mes.
El 1° de septiembre la empresa y el sindicato acordaron reducir a 50 los despidos en la planta —inicialmente se habían anunciado 170 sobre una dotación aproximada de 300—. Posteriormente, el 5 de septiembre, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria y ordenó la reincorporación de esos 50 empleados, además de otros 1.150 de las plantas de Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría.
Los argumentos de la empresa en los telegramas de despido
En los telegramas de despido, Granja Tres Arroyos justificó las desvinculaciones por “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora”. La empresa atribuyó la situación a una combinación de factores: la gripe aviar y el cierre de mercados de exportación, una sobreoferta de pollo en el mercado interno, la caída de los precios y el aumento de los costos operativos.
Según la compañía, ese conjunto de circunstancias provocó “un profundo deterioro de la situación económica, financiera y productiva”. Además, señaló la existencia de contingencias operativas y conflictos colectivos que afectaron los niveles de producción y faena.
La empresa añadió que durante los meses previos aplicó distintas medidas para intentar sostener la actividad y preservar la mayor cantidad posible de empleos, pero que esas acciones resultaron insuficientes y la llevaron a reestructurar la organización y la dotación de personal.
Qué pasa ahora con los empleos
La conciliación obligatoria dictada el 5 de septiembre sigue vigente y vence esta semana. Esa medida rige por 15 días hábiles y puede prorrogarse por una única vez hasta por cinco días hábiles, según lo previsto en la resolución del Ministerio de Trabajo bonaerense.
Con la causa mercantil ya iniciada, la atención también se orienta a la Justicia comercial, que deberá decidir sobre la apertura formal del concurso y los plazos para que la compañía presente una propuesta de pago a los acreedores. Legalmente, los créditos laborales —salarios e indemnizaciones— tienen prioridad frente a bancos y proveedores, aunque ese privilegio no garantiza el cobro si la empresa no dispone de fondos suficientes.
Para los trabajadores de Pinazo y del resto de las plantas del grupo, la principal incertidumbre sigue siendo el destino de los puestos de trabajo y la posibilidad de cobrar los salarios y las indemnizaciones adeudadas mientras avanza el proceso judicial.
