La sesión de Estrasburgo dedicada al Estado de la Unión —práctica iniciada en 2010— consiste en la comparecencia de la presidencia de la Comisión ante el Parlamento para explicar el rumbo común, su situación actual y sus objetivos. Ayer, Ursula von der Leyen habló bajo el lema “Delivering Europe’s Independence”. La traducción oficial —”Alcanzar la independencia de Europa”— suaviza un matiz: “delivering” implica no solo aspirar, sino tomar la iniciativa para hacerlo realidad. Tras su intervención, la cuestión no es tanto la distancia entre la proclama y la realidad, sino dónde ha situado ella el énfasis.
Llamó la atención la distribución del tiempo y del contenido: la narrativa mayoritariamente se orientó hacia el exterior —Canadá, defensa, amenazas híbridas, Ucrania, Rusia, Gaza, China— mientras que no hubo apenas referencia a Estados Unidos. Son asuntos decisivos para el futuro europeo, pero en buena medida dependen de competencias nacionales o de posibles reformas de los Tratados, de modo que la Comisión dispone de una capacidad de actuación indirecta. Por contraste, el núcleo económico propio de la integración —mercado interior, flujos de capital, competencia, incluso energía— apareció presentado como una tarea en curso y sin la urgencia política que cabría esperar.
El horizonte político también parece estrecharse. Aunque no se ha llegado a la mitad del mandato, la sensación es de pérdida de empuje. En 2027 se renovarán los principales cargos del Parlamento y la mayoría que respaldó a Von der Leyen se desdibuja. El PPE tiende a agruparse alrededor de un bloque más “conservador”, mientras socialistas y verdes, con excepciones, articulan su europeísmo sobre agendas verdes y posiciones más cautas en inmigración. Por otro lado, la negociación del próximo presupuesto europeo se anticipa muy dura: varios contribuyentes netos exigen recortes importantes y la Comisión ya apunta a un monto global inferior. A la vista de las nuevas prioridades y del gasto que exigirán, resultó llamativo el escaso espacio dedicado al presupuesto.
La gran protagonista fue Canadá. Con Mark Carney en el hemiciclo, Von der Leyen propuso abrir la puerta para que Canadá se convierta en un primer “miembro asociado” de la Unión, figura que no existe en los Tratados. La ovación fue notable. La paradoja no tardó: diez Estados miembros todavía no han ratificado CETA, que se aplica provisionalmente desde 2017. Antes de cerrar y aplicar plenamente el marco existente, se imagina uno nuevo y más ambicioso; síntoma de una Europa pródiga en arquitectura institucional y fatigada en su ejecución.
A continuación vinieron propuestas como un Consejo Europeo de Seguridad, un protocolo de respuesta a amenazas híbridas, proyectos conjuntos con la industria ucraniana, defensa antimisiles y el endurecimiento de sanciones a Rusia; Gaza y la ampliación quedaron algo apartados. Nada de esto es menor: Europa necesita más capacidad geopolítica. Sin embargo, el discurso también legitima una mutación en curso: la presidenta de la Comisión habla cada vez más como presidenta de Europa, y la Unión parece tentada a suplir el vacío de poder exterior desde una institución cuyos instrumentos más potentes están pensados para otros fines.
El contraste con el mercado interior fue evidente. Von der Leyen sostuvo el “One Europe, One Market”, la hoja de ruta acordada en abril para lograr un mercado plenamente integrado a finales de 2027, junto con la Unión de Ahorro e Inversión y la simplificación regulatoria. El objetivo es loable, pero el calendario resulta ambicioso: desde el Libro Blanco de Delors (1985) la culminación del mercado interior ha avanzado a trompicones. Decretar su solución en un año exige cautela: tras dos años desde el informe Draghi, solo alrededor del 16% de sus recomendaciones están implementadas.
En energía emergió otra opción de fondo. “Let’s make Europe’s future electric”, resumió la presidenta, que defendió renovables y nuclear; la referencia a las “moléculas” quedó relegada a una mención al biometano, sin destacar los grandes proyectos de hidrógeno verde. Electrificar lo que sea eficiente es necesario, pero convertir la electrificación en una panacea ignora que sectores como la química, los fertilizantes, la aviación, el transporte marítimo y procesos industriales de alta temperatura seguirán necesitando moléculas. La independencia energética exige una visión del sistema completo, con realismo.
El capítulo sobre inteligencia artificial fue especialmente significativo. Von der Leyen reconoció los riesgos asociados a las tecnologías de frontera y planteó: “We do not need to develop the frontier technology to be the ones who draw the greatest value from it”. Propuso que Europa puede liderar la aplicación de la IA en fábricas, hospitales, agricultura de precisión o conducción autónoma, aprovechando sus datos y manteniendo la intervención humana. Es una estrategia plausible, pero plantea una pregunta incómoda: ¿es una opción deliberada o la racionalización de una Europa que renuncia a estar en la mesa donde se toman las decisiones tecnológicas? Gestionar con excelencia tecnologías desarrolladas por otros no equivale a soberanía tecnológica.
La asimetría es notable. Donde los Tratados reservan poder a los Estados miembros —defensa, política exterior, seguridad— la Comisión amplía su protagonismo; donde tiene competencias claras y herramientas, tiende a transferir responsabilidades a las capitales. En materias como la IA o la creación del Centro para la Resiliencia Democrática se convocó a los gobiernos al mismo nivel que a parlamentarios y otros actores. En materia de simplificación, la Comisión alabó sus 12 medidas ómnibus y reprochó al gold‐plating de los Estados, pese a que esas normas han complicado a las pymes. Resulta paradójico: implicarse donde tiene menos mandato y mostrarse tibia donde podría actuar con más contundencia. Hubo, no obstante, propuestas destacables: el Kids Act prohibirá redes sociales a menores de 13 años y cuentas personales antes de los 15, imponiendo obligaciones crecientes a las plataformas; una iniciativa de gran alcance que merece un análisis amplio.
La inmigración fue la excepción en intensidad. Conviene reconocer la labor del PPE, impulsada por la iniciativa del PP español, en sensibilizar a las instituciones europeas; la presidenta fue tajante y envió a España un mensaje claro: “Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para ayudaros”. Subrayó la aplicación completa del Pacto de Migración y Asilo, anunció un instrumento europeo de respuesta ante llegadas masivas inducidas o instrumentalizadas y cerró con una afirmación que debería escucharse en el debate nacional: “Somos nosotros, los europeos, quienes decidimos quién viene a nuestra Unión y en qué circunstancias”.
Esta hora y cuarto deja la imagen de una Comisión dispuesta a ampliar su campo de acción donde Europa carece de poder común y, al mismo tiempo, excesivamente confiada en que tareas internas que solo ella puede impulsar están ya encarriladas. El problema no es la falta de ambición: el discurso rebosó de ella. Tampoco que la Unión deba limitarse a sus competencias económicas frente a un mundo más hostil: al contrario, para influir fuera hay que fortalecerse dentro. Culminar el mercado interior, integrar capitales, garantizar energía competitiva y consolidar capacidad tecnológica no son asuntos menores; son la base material de cualquier independencia. La Comisión debe contribuir a construir una Europa capaz de actuar en el exterior, pero quizá tendría que empezar por emplear a fondo los instrumentos que los Tratados le otorgan para actuar en el interior. Zapatero, primero a tus zapatos.
