El Senado bonaerense buscará en la próxima sesión aprobar un proyecto destinado a reducir los ruidos molestos provocados por motos y autos con escapes modificados. La iniciativa, que limita el uso de escapes libres por su impacto en la calidad de vida de personas y animales, podría recibir sanción el 6 de octubre.
La propuesta se impulsó tras una reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que pretende dotar al Estado de herramientas más estrictas para prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en toda la provincia. Las multas previstas pueden alcanzar las 1.000 Unidades Fijas, lo que actualmente equivale a $2.281.000.
La comisión aprobó por unanimidad el proyecto presentado por la legisladora de Hechos María Emilia Subiza, cuyo objetivo es “prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en la provincia de Buenos Aires”, con especial atención en motos y autos que circulan con escapes no autorizados o adulterados.
Según Subiza, el proyecto, que contempla una experiencia piloto en San Nicolás, busca que el Estado actúe de forma integral frente a una problemática que afecta el sueño de miles de familias, en particular a poblaciones vulnerables como adultos mayores y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Multas para quienes infrinjan la norma
El proyecto plantea un abordaje integral que incluye controles y sanciones que superan las previstas actualmente, aplicables tanto a conductores como a los comercios que fabriquen, comercialicen o instalen escapes no reglamentarios.
Si la ley prospera, los comercios que incumplan podrían ser sancionados con multas de hasta 5.000 Unidades Fijas (aproximadamente $11.405.000 en la actualidad), el decomiso y disposición final del caño de escape antirreglamentario, y la clausura preventiva o temporaria del establecimiento.
Para los conductores de motos o autos con escapes libres, la iniciativa prevé sanciones que van de 300 a 1.000 Unidades Fijas (entre $684.300 y $2.281.000), la inhabilitación para conducir por un período de tres meses a un año, y la incautación y compactación definitiva del vehículo, del caño antirreglamentario y de otros elementos en infracción.
Fuente: Agencia DIB
