Tras tres semanas de movilizaciones estudiantiles, Francia afronta hoy protestas más amplias en torno al encarecimiento de la vida. Bajo el lema ‘Amarillos y Jóvenes’, la jornada reunirá al movimiento de los Chalecos Amarillos —cuyas movilizaciones en 2018 y 2019 marcaron el primer mandato de Emmanuel Macron— con la Generación Z, agricultores, docentes, activistas climáticos y jubilados. Desde el entorno del ministro del Interior, Laurent Nuñez, se calcula que hay unas 500 acciones previstas y más de 90 concentraciones. Las autoridades advierten del riesgo de “desbordamientos” y reiteran que no se tolerarán bloqueos en vías principales ni en infraestructuras esenciales. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha convocado un gabinete de crisis para seguir la evolución de los hechos.
Las cifras acumuladas reflejan la magnitud del conflicto: más de 8.000 jóvenes detenidos (el 85% menores) y más de un millar de heridos desde el inicio de las protestas estudiantiles, entre ellos 937 agentes de Policía, 248 estudiantes y 149 miembros del personal docente. La Inspección General de la Policía ha abierto hasta ahora 36 investigaciones por uso excesivo de la fuerza, tras casos que han provocado cuatro “mutilaciones” de menores (como la amputación de una mano) y “heridas sustanciales” (entre ellas la pérdida de un ojo) asociadas al uso de “armas explosivas” durante bloqueos en institutos y manifestaciones.
Los abogados de los jóvenes afectados denuncian un empleo desproporcionado de la violencia y describen lesiones de tipo “bélico”, atribuidas en gran parte a las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS), especializadas en el control de disturbios y que emplean armas consideradas “no letales” —gases lacrimógenos, lanzadores de pelotas de defensa (LBD) y granadas aturdidoras—, dispositivos que fueron readmitidos para las movilizaciones del 17 de octubre tras varios días de suspensión.
La explosión de una granada aturdidora está en el origen del caso más mediático: Evan, un estudiante de 15 años, perdió la mano izquierda el 5 de octubre en Lens. Su abogado, Bertrand Wattez, ha rechazado la versión oficial que afirmaba que el menor intentó devolver la granada y sostiene que el joven se dirigía al instituto “sin participar en la violencia” y sufrió lesiones graves cuando el dispositivo explotó cerca de su cuerpo. Las granadas aturdidoras producen destellos y sonidos de hasta 180 decibelios para desorientar y dispersar, y su uso ha sido objeto de fuertes críticas en los últimos años.
En Tours, el 30 de septiembre, otro estudiante, Mael, de 16 años, perdió un ojo durante una carga policial contra el bloqueo del instituto Gustave Eiffel. La lesión ha sido considerada “compatible con el impacto de una pelota de goma del tipo LBD”. El uso abusivo de estos lanzadores provocó numerosas heridas y reclamaciones judiciales durante las protestas de los chalecos amarillos en 2018.
En Saint-Ouen, un alumno de 14 años identificado como Eden sufrió heridas graves en el rostro, dos fracturas de mandíbula y varios dientes rotos tras recibir el impacto de un lanzagranadas a aproximadamente metro y medio durante una protesta estudiantil. Su abogada, Elsa Marcel, declaró a The Guardian que se trata “del equivalente a armas de guerra”. Los padres han presentado una denuncia contra las fuerzas de seguridad por “intento de asesinato”.
“El papel de la Policía es proteger las libertades públicas”
La intensidad de la violencia en las calles ha llevado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU a expresar su “preocupación” y a exigir que se respete el derecho a la reunión pacífica. Alexis Deswaef, presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, ha recordado que “el papel de la Policía es proteger las libertades públicas y la seguridad de todos” y ha criticado que, en su percepción, la actuación policial esté orientada a reprimir las protestas democráticas. Ha insistido en que las reivindicaciones de los jóvenes son legítimas y que el Gobierno debe escucharlas.
Nathalie Tehio, presidenta de la Liga Francesa de los Derechos Humanos, alerta de que calificar una movilización social como “violencia urbana” facilita respuestas exclusivamente represivas. Denuncia las detenciones masivas —más de 6.700 menores— de las que menos de una tercera parte llegan a ser puestas a disposición judicial, y considera que esto pretende acobardar a la población para disuadirla de manifestarse.
Vanessa Codaccioni, profesora de la Universidad de París y autora de Cómo reprimen los estados, subraya que las técnicas represivas buscan sobre todo intimidar a jóvenes no habituados a las manifestaciones. Añade que la violencia represiva no suele frenar los movimientos sociales; históricamente, tiende a reforzar el compromiso de quienes protestan, como se observa ahora en la respuesta contra la violencia policial.
Los cánticos de “todos detestamos a la Policía” han sido recurrentes en las movilizaciones contra la precariedad de la educación pública. Desde el inicio, el Gobierno ha señalado la presencia de “infiltrados de extrema izquierda” vinculados a La Francia Insumisa de Jean‐Luc Mélenchon como responsables de episodios violentos. La existencia de “alborotadores” que acuden con el rostro cubierto o con máscaras antigás es visible al final de algunas marchas, cuando la Policía emplea su repertorio de dispositivos “no letales” para dispersar —incluidos los vehículos blindados Centaure, desplegados esta semana ante la cúpula de Los Inválidos—.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reclamó mano dura frente a los manifestantes en su reunión con los prefectos, pocos días antes de una jornada especialmente delicada para las fuerzas de orden. Rudy Manna, del sindicato policial UNSA, pidió en FranceInfo a los participantes que se aparten de los alborotadores en el momento de una carga policial “para que podamos dirigimos a las personas adecuadas”.
“Hay que distinguir claramente entre la violencia urbana y las reivindicaciones legítimas”, advirtió Lecornu, que señaló la dificultad reciente para celebrar manifestaciones sin la infiltración de grupos violentos, especialmente de extrema izquierda y, en ocasiones, de extrema derecha.
