Al menos ocho presos murieron y diez resultaron heridos este jueves en dos ataques registrados en dos de las principales cárceles de Ecuador, rompiendo el prolongado periodo sin matanzas en centros penitenciarios tras las intervenciones del Gobierno del presidente Daniel Noboa.
Los incidentes se produjeron en la cárcel de El Inca, en Quito, y en la prisión de Latacunga, una de las más grandes del país, informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), el organismo encargado de la gestión penitenciaria.
En El Inca fallecieron cuatro internos y en Latacunga otros cuatro; además, diez personas heridas reciben atención médica. El SNAI no precisó si entre los heridos hay funcionarios penitenciarios.
En las inmediaciones de la cárcel de Pichincha, decenas de familiares de reclusos exigían información, constató un periodista de la AFP. Dos ambulancias permanecían en la entrada de la prisión, ubicada en el norte de Quito.
Las prisiones ecuatorianas, algunas bajo control militar, se han convertido en escenarios de masacres que han dejado más de 500 reclusos muertos desde 2021.
Bandas vinculadas al narcotráfico disputan el control de los centros y desde allí ordenan asesinatos y extorsiones.
Las autoridades no han dado más detalles sobre los amotinamientos, pero señalaron que los responsables fueron identificados y serán trasladados a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, construida por el gobierno de Daniel Noboa para los criminales más buscados del país.
“El Bloque de Seguridad mantiene activos los protocolos de seguridad” en las cárceles de Pichincha y Cotopaxi, indicó el SNAI.
Familiares de los internos esperan a las afueras de la cárcel El Inca. Dolores Ochoa / AP Photo
Las cárceles ecuatorianas albergan alrededor de 38.200 personas, casi 7.000 por encima de su capacidad oficial, según cifras del propio Estado.
A mediados de octubre, el Gobierno puso en marcha un plan para clasificar a los presos según su peligrosidad, con el objetivo de separarlos de otros reclusos o trasladarlos a distintas prisiones.
La iniciativa incluye además la formación de 52 militares y policías retirados para desempeñarse como guías penitenciarios.
Como parte de su política de mano dura contra las bandas, Noboa pretende construir una nueva cárcel de máxima seguridad con capacidad para unos 15.000 reclusos. Según Reimberg, la obra estará lista en aproximadamente 15 meses.
