Colocar un chaleco amarillo a la estatua de Marianne en la plaza de la República era uno de los objetivos del 17 de octubre para la renovada protesta de los chalecos amarillos, que desafía al presidente Macron y a su prohibición de manifestaciones que califica de “ilegítimas”. La convocatoria anuncia 495 actos en todo el país: 352 manifestaciones, 59 bloqueos de rotondas, 25 estaciones y 20 gasolineras. El manifiesto del movimiento exige la salida de Macron y afirma contar con más de 28.000 integrantes desde su reaparición ligada a las protestas estudiantiles.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió que “seremos implacables con los alborotadores” y anunció el despliegue de 70.000 agentes, apoyados por unidades de élite y por cientos de militares de la operación antiterrorista Sentinelle para vigilar y proteger edificios públicos. Los chalecos amarillos, por su parte, sostienen que no aflojarán la presión en las calles y reiteran su respaldo de más de 28.000 miembros; recuerdan además la ira acumulada contra Macron y rememoran las protestas de 2018, que dejaron alrededor de 2.000 heridos.
Benjamin Ball, portavoz del movimiento, afirma que el 17 de octubre supuso “un gran impulso” por la convergencia de distintas luchas —chalecos amarillos, estudiantes de secundaria, campesinos, profesores y vecinos— y reclama, en términos generales, respeto por los valores de la República, que para el movimiento comienza con la libertad de manifestación.
La jornada fue anunciada como el segundo acto de una serie que continuará el 31 de octubre y culminará el 5 de noviembre con una huelga general. En París, los chalecos amarillos se unirán a la manifestación convocada por la CGT —considerada “legítima” por ser sindical— entre la plaza de la Bastilla y la plaza de la Nación. En otras ciudades, incluidas Marsella y Lyon, las manifestaciones no sindicales han sido prohibidas.
A falta de poco para la protesta parisina, la prefectura revocó el recorrido previamente autorizado entre la Bastilla y la Nación e impuso una ruta alternativa entre la puerta de Vincennes y la plaza de Italia. La intersindical se rebeló, mantuvo la convocatoria en el trazado original y criticó a la policía por cambiar la ruta en la víspera de la manifestación, una decisión que, según ellos, contribuye al desorden más que a la calma.
Ball denuncia que esas medidas forman parte de “un arma del estado de emergencia” y recuerda la ley de 2019 conocida como “antivándalos”, que penalizó la ocultación del rostro en manifestaciones, autoriza controles preventivos y permitió a los tribunales suspender el derecho a manifestarse a personas con antecedentes. Según él, lo que debían ser medidas temporales se ha instalado de forma permanente y la represión contra la revuelta aumenta con el tiempo; Ball fue organizador hace un año del movimiento “Bloqueemos todo”, precursor de las actuales protestas.
Los posibles vínculos entre los chalecos amarillos y pequeños grupos de extrema izquierda, que el Gobierno responsabiliza de la violencia de la semana anterior, no están claros. Más visible es el giro hacia la izquierda radical de un movimiento que en su origen fue transversal y nació contra la subida de los combustibles y la pérdida de poder adquisitivo. Azelma Sigaux, coordinadora nacional y ecologista, denuncia en France Info que el Gobierno teme la convergencia de luchas y hace esfuerzos por dividir al movimiento; acusa además a la prefectura de alinear a los sindicatos para confinar la manifestación en la Bastilla y la Nación y niega la propuesta de los chalecos de avanzar hasta la plaza de la Ópera, por lo que prevé concentraciones espontáneas.
El presidente ha dado instrucciones para reforzar la seguridad, incrementando en torno al 20% los efectivos policiales y desplegando a los militares de la Operación Sentinelle —creada tras los atentados contra Charlie Hebdo— para proteger edificios e infraestructuras públicas.
Entre las figuras emergentes relacionadas con el movimiento figura el abogado David Libeskind, conocido por defender a la militante Moun, detenida y juzgada en 2020 como sospechosa de haber propiciado actos violentos de grupos anarquistas del black bloc tras desplegar un paraguas con el arcoíris. Moun llegó a ser acusada de “participación en un grupo formado para preparar la violencia, la destrucción y la degradación”.
Libeskind defendió que el gesto no era un llamado a la violencia sino una señal de paz y solidaridad con los manifestantes de Hong Kong, y que a Moun se la vinculó erróneamente con el “bloque negro” por haberse acercado a la policía. Entre quienes la apoyaron estuvo Jérôme Rodrigues, líder emblemático del movimiento que perdió un ojo en enero de 2019 tras el impacto de una granada lanzada por la policía en la plaza de la Bastilla.
El caso de Rodrigues podrá finalmente llegar a juicio en el verano de 2027, en lo que se espera sea el primer proceso por presunta violencia policial tras ocho años de movilizaciones de los chalecos amarillos, que dejaron más de 2.000 heridos. Para Rodrigues y otros veteranos del movimiento —como Éric Douet, Laëtitia Dewalle o Priscillia Ludosky— la situación actual resulta familiar, pero intensificada por la sensación de clausura de un ciclo de gestión política marcado por la década de Emmanuel Macron y agravado por crisis sociales, económicas y políticas simultáneas.
El Gobierno ha reiterado la orden de blindar el país durante la jornada, con el refuerzo anunciado de policías y la presencia de tropas de la Operación Sentinelle. En las marchas del 17 de octubre se llegó a acordonar el Palacio del Elíseo y decenas de manifestantes fueron dispersados antes de acercarse; no se descarta que intenten nuevas aproximaciones en la jornada prevista, en un contexto de creciente descontento hacia Macron en la recta final de su mandato.
