Las pequeñas y medianas empresas argentinas (PyMEs) enfrentan un conjunto amplio de obligaciones fiscales y administrativas: un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) calcula que, durante el año, deben cumplir con 62 obligaciones entre impuestos y regímenes de retención, percepción e información.
Distribución de los tributos
El relevamiento, llamado Vademécum tributario argentino de PyMES 2026, identificó 34 tributos y 28 regímenes que suponen tareas administrativas adicionales. De esos tributos, 16 son de alcance nacional —entre ellos el IVA, Impuesto a las Ganancias para sociedades, el Impuesto al Cheque, derechos de importación y exportación y las contribuciones patronales—; 8 corresponden al nivel provincial —con destaque en Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto Automotor y Impuesto de Sellos—; y los municipios aplican 10 tributos, entre ellos la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), derechos por Publicidad y Propaganda y diversas tasas vinculadas a inmuebles y vehículos.
Menos obligaciones que en 2025
En la comparación interanual, el total de tributos se redujo de 37 a 34. El informe atribuye esa baja a la eliminación de impuestos internos sobre seguros y telefonía celular y a un cambio metodológico que excluyó la tasa por ocupación de espacios públicos, aplicable solo a actividades específicas. Los regímenes de retención, percepción e información también bajaron, de 30 a 28, aunque solo una de estas reducciones tuvo alcance general: la eliminación del régimen relacionado con el Impuesto PAIS; la otra afectó a un sistema exclusivo del sector de escribanías.
Costo administrativo y saldos a favor
Para estimar la carga, los autores usaron como referencia una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) con establecimiento propio, empleados, vehículos y equipamiento tecnológico, que realiza operaciones bancarias, importaciones, exportaciones y pagos de servicios básicos. El informe identifica dos problemas centrales para la competitividad de las PyMEs: el gasto de tiempo y recursos requerido para cumplir con presentaciones periódicas, que expone a multas por errores formales, y la acumulación de saldos a favor por retenciones y percepciones. Según el estudio, las demoras en la devolución de esos saldos inmovilizan fondos que las empresas podrían destinar a su actividad, elevando en la práctica la carga fiscal.
En síntesis, aunque el número total de tributos y regímenes mostró una leve disminución respecto de 2025, el informe advierte que la combinación de carga tributaria y carga administrativa sigue afectando la actividad y la competitividad de las PyMEs.
